Existe una complicidad interna para impedir el funcionamiento de los inhibidores de señales y permitir que se realicen llamadas desde las cárceles, consideraron Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, y José Ramón Amieva, jefe de Gobierno de Ciudad de México.
En actos por separado, ambos funcionarios advirtieron que se tomarán medidas adicionales para frenar el tráfico de teléfonos celulares a los penales.
Un día antes, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) alertó al Senado que los bloqueadores de señal no funcionan.
En un estudio, reportó que en solo tres semanas en cinco cárceles estatales y dos federales fueron realizadas 544 mil 153 llamadas de telefonía fija y 219 mil 700 desde móviles, es decir, un promedio diario de 36 mil 373.
Al respecto, Navarrete Prida señaló: “Lo que está ocurriendo es que evidentemente no están poniéndolos a funcionar. Habrá que tomar medidas adicionales, como son los arcos de revisión, para evitar que persona alguna entre con este tipo de aparatos”.
—¿Es corrupción en penales estatales o federales? —le preguntaron los reporteros, luego de participar en una reunión sobre el combate al secuestro.
—Yo no quisiera señalar una sola causa. Yo creo que los temas delincuenciales son bien complejos, pero evidentemente si hay instrucción de comprar equipos de bloqueadores, algo está pasando —manifestó.
Mientras, Amieva refirió que han detectado que personas al interior de las cárceles de la ciudad manipulan los inhibidores de señal para que se puedan utilizar los teléfonos celulares, por lo que ya está en proceso una investigación.
Ofreció que se reforzará la revisión y el manejo de aduanas para evitar el ingreso de esos aparatos a los centros de reclusión.
“Se han hecho diversas pruebas y la orientación de los inhibidores de señal tiene que ser muy precisa, porque en un ejercicio que se hizo de control de inhibidores resulta que andaban bloqueando señal de celulares en Santa Fe, siendo el centro distinto. Entonces tenemos que estar trabajando en la vigilancia de estos inhibidores de señal... y tenemos que dar con ellos y presentarlos, porque alguien de manera malintencionada reorienta mal las antenas o les pone ciertos dispositivos para que no se dé”, dijo en entrevista tras inaugurar la Agencia Especializada en Atención a Personas Integrantes de la Comunidad LGBTTTI.
Mencionó que se trabajará de cerca con los custodios para que sientan el respaldo de la autoridad, pues apenas hace algunos días fue asesinado uno de ellos por negarse a permitir el ingreso de objetos ilegales a la cárcel.
SUBEN INTERVENCIONES
Durante la 24 Reunión Nacional de Planeación y Análisis Estratégico contra el Secuestro, Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), dio a conocer que durante este sexenio aumentaron 1,500 por ciento las intervenciones legales a comunicaciones para combatir ese delito.
“Comparando 2012 con lo que va del año, hemos registrado un aumento de 1,500 por ciento en las intervenciones de comunicaciones hechas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
“De igual forma, registramos un aumento de 425 por ciento en las intervenciones que la PGR realiza en apoyo a las entidades federativas.
“Es decir, aun cuando los secuestros disminuyen, la tendencia es al alza para hacer intervenciones legales”, manifestó.
El funcionario propuso crear el Centro Nacional de Apoyo Técnico para el Combate al Secuestro, en el que se integre el personal especializado técnicamente en las intervenciones de las 33 instituciones de procuración de justicia del país.
Destacó que con este centro disminuirán los costos, se facilitará la extracción del informe policial derivado del análisis de las llamadas telefónicas y el dictamen pericial del análisis de voz, se contará con información centralizada y habrá un banco nacional de voz.
Elías Beltrán consideró que “es fundamental intervenir comunicaciones para tener éxito en el combate a este delito, pero sobre todo para liberar a las víctimas”.
En su participación, Navarrete Prida sostuvo que en el combate al secuestro, el esfuerzo coordinado de los distintos niveles de gobierno ha sido “una historia positiva” y existe un política pública que ha funcionado.
Consideró que esto “es algo que no se puede perder en el tiempo, que no se puede volver a plantear con un nuevo modelo, si el modelo que tiene está dando un resultado concreto y tienes metas por alcanzar”.
Dijo que se deberá hacer un análisis profundo del porqué se ha logrado disminuir el delito del secuestro, mientras otros ilícitos se mantienen en los mismos niveles.
Admitió que no se puede hablar de éxito total, mientras haya un solo caso de este tipo.
Ven ‘complicidad interna’ en llamadas desde las cárceles
PGR propone centro nacional de combate al secuestro que incluya a las 33 procuradurías, mientras Gobernación defiende la estrategia seguida en este gobierno contra ese delito.
México /
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