Carlos Bautista López nunca regresó a casa. El ex director general de penales en Veracruz, José Óscar Sánchez Tirado, fue imputado de haber cometido su desaparición forzada y homicidio. Después de seis años, su caso sigue sin recibir justicia.
La investigación ministerial establece que durante la madrugada del 15 de septiembre de 2015, Sánchez Tirado llegó en vehículos de la policía estatal a la colonia Unidad del Valle en Xalapa acompañado de siete elementos más; tres de ellos golpearon al joven y lo obligaron a subir a una camioneta. No volvió a ser visto con vida.
Carlos tenía 29 años y trabajaba como agente de ventas en Xalapa. Su historia evidencia múltiples omisiones por parte de las autoridades estatales y representa el presunto abuso de poder público de un alto funcionario para desaparecer y asesinar extrajudicialmente a un ciudadano.
En 2017, el ex director general de Prevención y Reinserción Social fue detenido en Mazatlán, Sinaloa, y vinculado a proceso. Actualmente Sánchez Tirado permanece en el Penal de Pacho Viejo, Veracruz, y se encuentra a la espera de que inicie su juicio, luego de que en la audiencia intermedia que se realizó en marzo de 2022 un juez confirmó su proceso.
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María de Jesús López, madre de Carlos, ve este destello de esperanza después de años de enfrentarse a obstáculos.
Prueba de ello es que los abogados del ex funcionario lograron dilatar la audiencia intermedia a través de amparos otorgados por dos jueces federales, cuando ésta debía realizarse desde febrero de 2021.
“Estoy decepcionada de la justicia en México. De nada nos sirve que haya autoridades en Veracruz si todas están coludidas”, dice María de Jesús, quien también es representante del colectivo Unidos por la Paz Veracruz, durante una charla en la Ciudad de México.
En octubre de 2020, el juez de control del distrito de Xalapa, Francisco Hernández Lima, dejó en libertad a dos ex policías implicados en el caso argumentando falta de pruebas.
Para febrero de 2021 quedaron libres dos ex elementos más. Uno de los acusados sigue prófugo y Marichuy, como le conocen sus más allegados, planea pugnar para que la orden de aprehensión se haga extensiva a nivel nacional, pues hasta mediados de 2020 la solicitud era de índole local.
Impunidad desde todos los frentes
La brutalidad policial en Veracruz es evidente en los datos. Para esta investigación se tramitaron 117 solicitudes de información vía Ley de Transparencia al Tribunal Superior de Justicia local, la Fiscalía General veracruzana, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) y la Comisión Estatal de Búsqueda para conocer la incidencia de abusos policiales en la entidad.
En respuesta se pudo conocer que de 2015 a 2020, la fiscalía inició un total de 36 investigaciones por desaparición forzada en contra de elementos de la SSP y otras siete en las que se responsabilizó a uniformados municipales.
El Tribunal Superior aseguró que en ese periodo se iniciaron 15 causas penales por el mismo delito: en ocho los imputados pertenecían a fuerzas estatales, cinco se adjudicaron a policías de orden municipal y en dos expedientes más, los involucrados formaban parte de la Policía Ministerial.
Pese a la apertura de los expedientes, el Poder Judicial notificó que ninguno concluyó con sentencia condenatoria.
Por su parte, la CEDH reportó 68 quejas en contra de agentes de la SSP, policías municipales y ministeriales por desaparición. Precisó que emitió 26 recomendaciones para atender las posibles violaciones a los derechos humanos por parte de estas corporaciones.
A petición expresa, se buscó la postura de la fiscalía, la SSP estatal y el Tribunal Superior de Justicia del Estado sobre las cifras. Sólo el último respondió.
Sergio Naranjo, vocero del Poder Judicial local, declaró que no era competencia del órgano responder a la solicitud, por lo que se negó a dar más información al respecto.
Bloqueo para la justicia
La madre de Carlos denuncia que de manera inicial le negaron el acceso a la carpeta de investigación. También acusa que la CEEAIV, bajo la titularidad de Lorena del Carmen Mendoza Sánchez, le asignó un asesor jurídico sin su consentimiento y no sólo eso, el litigante en cuestión estaba recibiendo todas las notificaciones sin que ella o sus familiares fueran informados.
“Nos volvimos aún más vulnerables en nuestra búsqueda de justicia”, comparte Marichuy.
Los familiares de Carlos han sido víctimas de dilaciones y omisiones por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, la Fiscalía General del Estado, la CEEAIV y el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Así lo estableció en 2019 la CEDH en la recomendación 63/2019 dirigida a esas entidades.
Namiko Matzumoto Benítez, presidenta de la CEDH Veracruz, explica que ese oficio tiene un índice de cumplimiento general de 54 por ciento.
Por dependencia, la SSP presenta un avance de 62 por ciento en los puntos recomendatorios, en tanto que la fiscalía 55 por ciento y el mismo porcentaje aplica para el Tribunal y la CEEAIV.
La titular de la Comisión asegura que la compensación económica es el único punto que se ha cumplido en su totalidad, más allá de que las víctimas impugnaron el monto que les fue asignado como medida indemnizatoria.
“Hay que reconocer que hay un problema que brutalidad policial en Veracruz y el área de oportunidad es que la autoridad debe investigar y sancionar estos excesos en el uso de la fuerza porque en tanto eso no ocurra podrán aceptar recomendaciones, pero será muy difícil que estos hechos disminuyan, pues la impunidad de los servidores públicos envía un mensaje claro de que no hay consecuencias”, manifiesta Matzumoto Benítez.
Enterrado sin nombre
Con base en la carpeta de investigación UIPJ/DXI/15/174/2015 y en la recomendación 63/2019 se sabe que después de acudir a una fiesta con amigos, en la madrugada del 15 de septiembre de 2015 Carlos fue a buscar a su ex novia, Olga Hebe Jiménez Noya, sin embargo, tras una discusión ella llamó a Sánchez Tirado, quien era su pareja sentimental.
El agente de ventas fue trasladado a bordo de una camioneta Nissan blanca de Xalapa a una propiedad del exdirector ubicada en la comunidad de La Mancha en el municipio de Actopan.
Carlos desapareció dos veces. La primera cuando lo privaron de la vida en 2015. La segunda cuando encontraron su cuerpo el 13 de abril de 2016, pero la Dirección de Servicios Periciales de Veracruz no cotejó el ADN con la denuncia por desaparición forzada interpuesta por su familia. Al no haber nadie que lo reclamara lo inhumaron y enviaron a una fosa común en el panteón municipal de Actopan.
“Ellos tenían fotografías de la última ropa que llevaba, tenían su ficha. A mi hijo me lo desaparecieron dos veces las autoridades de Veracruz”, expresa Marichuy.
Para el 23 de septiembre de 2017 se realizó un cateo en el predio de Sánchez Tirado donde trasladaron a Carlos aún con vida. Los peritos encontraron una pulsera de tela color blanco, azul y rojo con el logo de Suzuki, empresa donde laboraba en Xalapa. “Es de él”, lo supieron desde el primer momento en que se la mostraron a sus padres.
Más de un mes después, la Fiscalía notificó a los familiares sobre el hallazgo de los restos de Carlos. Ese día, Marichuy pudo, por fin, ponerle fin a su búsqueda. Habían transcurrido dos años desde su desaparición.
En los análisis forenses no se determinó la causa del fallecimiento, solo que Carlos murió de manera violenta. La razón: supuestamente por el estado en que se encontraron sus restos.
En 2020 la familia del joven recibió una compensación gracias a que se inició el trámite ante la CEEAIV para solicitar la reparación del daño, pero no toda la documentación fue tomada en cuenta, por lo que el monto fue menor al solicitado.
“El tema de la atención a víctimas y reparación del daño es muy complicado, pero estamos tratando de hacer lo mejor que podemos porque nosotros entramos de manera subsidiaria. No había una claridad en la administración pasada sobre qué recomendaciones tenían que salir primero y cuáles debían pagarse”, agrega Christian Carrillo Ríos, quien asumió la titularidad de la Comisión de Atención a Víctimas el 13 de septiembre de 2020.
Estado de tragedia
Veracruz es el quinto estado con el mayor número de personas desaparecidas o no localizadas en México, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda. En la actualidad existen 5 mil 506 registros en la entidad gobernada por Cuitláhuac García.
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Mientras la Fiscalía veracruzana no precisó el número de desapariciones forzadas cometidas por elementos de seguridad pública, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó vía Ley de Transparencia la apertura de 68 quejas por este delito en el periodo de 2015 a 2020. Del total, 53 expedientes se atribuyeron a policías estatales, 13 a municipales y dos a ministeriales.
“Es complicado asegurar que las violaciones graves a derechos humanos observadas en Veracruz son un problema estructural, porque hay delitos que no se denuncian o presentan quejas. El muestreo que llevamos en la comisión no resulta suficiente para poder afirmarlo porque tiene que ver con acreditar generalidad y sistematicidad”, comenta Mariana Torres López, Tercera Visitadora General de la CEDH.
El último adiós
Empiezan a caer los primeros rayos del sol esa mañana de invierno. El frío abraza a María de Jesús en el patio de un convento ubicado al sur de la Ciudad de México. Su visita tiene un motivo: asistir al Encuentro del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México 2021.
Poco antes de que amanezca las palabras se entrecortan. Inevitable que no ocurra cuando los recuerdos vuelven de golpe. Hace una pausa. Su mano izquierda juega nerviosamente con un anillo en forma de flor colocado en el anular derecho. Continúa la conversación.
Al revivir el momento en que las autoridades le entregaron los restos de su hijo con frustración en la voz reconoce que no tenía dinero para sepultarlo, por lo que solicitó un crédito funerario. “El gobierno te deja sola, aunque te desaparezcan a un hijo”.
Poco después de que Carlos fuera encontrado, Marichuy formó el colectivo Unidos por la Paz Veracruz como una forma de acompañarse en su lucha, pero también porque vio la misma necesidad en otras madres y padres de encontrar a sus hijos. Hoy ya son alrededor de 60 integrantes que caminan juntos, a pesar de los obstáculos.
María de Jesús López evita que la llamen “activista”. Cree que no es la palabra correcta para definirla. Prefiere ser sólo una madre que busca justicia para su primogénito. Para ella las respuestas a sus preguntas llegaron, pero le inquieta la idea de saber que muchas familias en Veracruz vivirán con interrogantes el resto de su vida.
Carlos tenía muchos planes. El principal era tener una casa propia para vivir con su hija. A su madre le gusta imaginar cómo hubiera sido verlo concretar ese deseo. Sonríe.
Y aunque hay días en que la tristeza la sacude, el amor la mantiene de pie, así como la promesa de que el nombre de su hijo no se convierta en una estadística más en México.
“¿Cómo se sigue viviendo con tanto dolor? La indignación pesa en el pecho, pero el amor siempre nos saca adelante. Carlos se fue y debo vivir con esa idea, hay que seguir por los que aún no regresan a casa”.
*Esta investigación se realizó como parte de la Convocatoria 2021 del Programa Piloto de Apoyo al Periodismo en México de la UNESCO. Su contenido es responsabilidad de los autores, quienes formaron parte de la Unidad de Investigación de ONEA México. Editor del Programa: Francisco Sandoval Alarcón.
DMZ