M+.- A 16 años de haber sido torturados e incriminados por la Policía Federal de Genero García Luna —lo que les llevó a permanecer tres años y medio en prisión de manera ilegal—, Rogelio Amaya y Noé Fuentes siguen sin recibir la reparación del daño, y ahora acusan un maltrato de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y denuncian la existencia de una red de 'coyotaje' para acelerar el pago a cambio del 40 por ciento del monto.
La vida de Rogelio y Noe cambiaría a partir de la explosión de un coche bomba en Ciudad Juárez, la noche del 15 de julio de 2010, que causó la muerte de cuatro personas.
El 11 de agosto de ese año, la entonces Policía Federal los detuvo ilegalmente junto con otros tres jóvenes, a quienes torturó y después exhibió públicamente como integrantes de La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez.
“Son recuerdos dolorosos, desde el primer momento de la detención fuimos torturados, desde el primer instante, duramos aproximadamente tres días secuestrados por la Policía Federal y posteriormente nos llevan a la Ciudad de México, en el en el hangar de la Policía Federal nos presentan ante los medios de comunicación, como una banda perteneciente a un cártel. Yo honestamente creí que nos iban a matar”, recuerda Rogelio en entrevista.
Permanecieron tres años y medio en prisión de manera ilegal, hasta que en marzo de 2014 los cinco fueron declarados inocentes y recuperaron su libertad, luego que la entonces Procuraduría General de la República reconoció que fueron torturados y no había pruebas en su contra.
Desde 2019 solicitaron la reparación del daño a la CEAV, pero apenas en agosto de este año recibieron respuesta. De acuerdo con Noé y Rogelio, la resolución no consideró los casi cuatro años de arraigo y prisión preventiva, sino sólo las primeras 72 horas iniciales de detención. Tampoco se contempló a las víctimas indirectas, entre ellas una adolescente y una mujer adulta mayor. Por lo que recurrieron al amparo.
“La respuesta de dicha Comisión ha sido frenar el proceso de pago, como represalia”, consideran.
Acusan 'moche' del 40% y complicidad con funcionarios de la CEAV
El retraso en el cumplimiento de la reparación del daño se da después de que rechazaron los servicios de los abogados Salvador Moreno Vázquez y Marco Antonio Ramírez Barragán, quienes les ofrecieron sus servicios con la promesa de agilizar el trámite y conseguirles un monto mayor.
“¿Cómo obtuvieron nuestros nombres, nuestros teléfonos? No sabemos”, cuestiona Rogelio Amaya.
El primer contacto fue en agosto de 2019, unos días después de que solicitaron la reparación a la CEAV. Los abogados viajaron hasta Ciudad Juárez, donde Rogelio los recibió en su casa.
“A nosotros nos presentan su forma de trabajar, una forma de trabajar muy descarada, en la que del 40 por ciento ellos reparten también una tajada a funcionarios dentro de la CAEV, donde esos funcionarios agilizan los trámites”, sostiene Rogelio.
“Nosotros somos cinco personas. Las otras tres personas sí agarraron a esos licenciados y a ellos desde hace tres años se les dio todo (el monto de la reparación). Entonces, ahí nomás está la magnitud de la corrupción que hay”.
Rogelio mantiene aún el contrato que le ofrecieron los abogados, Salvador Moreno Vázquez y Marco Antonio Ramírez Barragán. El documento tiene en la parte superior la frase Red Interamericana de Derechos Humanos S.C., e incluye nueve cláusulas, la tercera de las cuales establece el pago del 40 por ciento “del monto total de reparación de daño”.
Salvador Moreno Vázquez también representó en 2022 a víctimas de tortura por parte de la Policía Federal en 2015, pero en Macuspana, Tabasco. MILENIO tiene copia de un citatorio que la FGR le hizo para que declarara en torno a su interés en el caso.
El abogado reconoció que viajó hasta la ranchería Bitzal “a visitar a las familias de dicha recomendación (de la CNDH) y a ofrecer nuestro apoyo”. En esa entrevista ministerial fue identificado como parte del Grupo GM Abogados.
Amparos, cobro a la baja y freno a la reparación como represalia
En el caso de Rogelio Amaya y Noé Fuentes, ellos rechazaron los servicios de Moreno Vázquez y lo denunciaron ante la titular del Centro de Atención Integral de la CEAV.
Entre 2019 y 2026, los abogados siguieron llamando de manera esporádica para preguntar si ya habían decidido contratarlos. Ante cada negativa, la tarifa bajaba: 35 por ciento, luego 30 y 25 por ciento.
En la última llamada, uno de ellos le ofreció a Rogelio trabajar por el 20 por ciento. Cuando volvió a rechazarlo, el abogado lo amenazó: le dijo que se iba a acordar de él, que no le iban a pagar y que tardarían muchos años en darle lo que por ley le corresponde.
“No quisimos y no queremos ser parte de la corrupción que se maneja en esta institución”, escribió Rogelio en un relato entregado a MILENIO.
Para él, la pregunta de fondo sigue sin respuesta: cómo obtuvieron los abogados sus nombres, los datos de su caso, sus teléfonos y sus domicilios.
Por separado, Noé Fuentes recordó que cuando fueron encarcelados, las autoridades ya no los acusaron por la explosión del coche bomba, sino sólo por portación de arma y posesión de drogas.
Planteó que existe una consigna dentro de la CEAV para que su proceso de reparación del daño no avance.
En entrevista narró que en agosto de este año Rogelio y él estaban organizando una conferencia frente a las instalaciones de la CEAV en la Ciudad de México para dar a conocer el retraso en su pago, cuando la Comisión les envió las resoluciones para su pago, sólo que ambos documentos estaban a nombre de Rogelio y el monto era mínimo.
Por lo que ahora le exige a la titular de la CEAV, Martha Yuridia Rodríguez, que voltee a ver su caso.
“Que voltee a vernos, que voltee y que nos dé una solución a esto que nosotros estamos exigiendo. Que es algo que nosotros por derecho tenemos, porque somos víctimas”, reclamó
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