En México, transitar por un proceso judicial por violencia de género hasta llegar a una sentencia puede tardar de dos a cinco años a partir de la presentación de una denuncia, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
Desde 2022, el IMDHD ha acompañado a diversas mujeres en sus proceso penales, dentro de las cuales logró 17 sentencias condenatorias en casos de mujeres víctimas de feminicidio, desaparición, así como de violencia sexual y familiar.
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En conferencia de prensa, durante la presentación del micrositio ¿Una sentencia es sinónimo de justicia?, la directora del IMDHD, Silvia Chica, señaló que uno de los principales obstáculos dentro del sistema judicial es la dilación de los procesos penales y la revictimización, además de la impartición de penas mínimas que establece el Código Penal.
De acuerdo con los datos presentados, en los casos de feminicidio, tentativa de feminicidio y desaparición forzada se obtuvieron sentencias relativamente altas, de entre 40 y 50 años de prisión.
Sin embargo, en la Ciudad de México, tratándose de los delitos de violencia sexual y violencia familiar, “se identificó una tendencia por parte de las juzgadoras de sentenciar a los agresores a las penas mínimas contempladas por el Código Penal”.
Destacó que a partir de 2015 se ha observado un alza en la violencia contra las mujeres, pues los feminicidios se encuentran presentes en alrededor de cien municipios del país en una tasa mayor de cinco mujeres por cada 100 mil habitantes, donde estados como Chihuahua, Colima, Nuevo León y Estado de México, ocupan los primeros puestos.
“No tenemos cifras oficiales de cuántas sentencias tienen los poderes judiciales”, apuntó.
En tanto, Veronica Berber, abogada del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), acusó que en la mayoría de los casos “hay una falta de perspectiva de género en las investigaciones”, por lo que destacó la importancia de analizar de manera contextual los casos para poder establecer razones de géneros.
El IMDHD agregó que aún después de la sentencia, los agresores tienen hasta ocho años para apelar.
“Nos hace falta información sobre la capacidad de las autoridades para afrontar estos delitos... Una sentencia no es sinónimo de justicia”, concluyó la directora del MDHD.
RM