A dos años del asesinato de la migrante salvadoreña Victoria Salazar en Tulum, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) asegura que el caso continúa en la impunidad, ya que hasta el momento la familia de la mujer no ha accedido a la justicia.
El 27 de marzo de 2021, Victoria Salazar, mujer salvadoreña, reconocida como refugiada en México en 2018, fue asesinada en la vía pública por cuatro policías municipales en Tulum, Quintana Roo, hecho que se dio a conocer tras la difusión de un en donde se ve como agreden a la mujer enfrente de una tienda.
Tras su feminicidio tanto el gobierno mexicano como el salvadoreño se comprometieron a dar un seguimiento puntual al caso para condenar por feminicidio a los policías que acabaron con la vida de Victoria tras ejercer abuso de autoridad.
"Cada día que pasa sin lograr la reparación integral del daño, no es más que una expresión de injusticia para Victoria y su familia, y para todas las mujeres migrantes, solicitantes de protección internacional y refugiadas en México", precisó el IMUMI en un comunicado.
Asimismo, la Fundación para la Justicia (FJEDD), Asylum Access México y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), quienes acompañan el caso, han realizado esfuerzos de articulación e incidencia transnacional a fin de lograr la colaboración del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) de El Salvador para brindar apoyo psicosocial con profesionales privados a la madre e hijas de Victoria, quiénes fueron víctimas colaterales de estos hechos.
“El presidente Nayib Bukele, quien se comprometió, en un comunicado oficial, a dar seguimiento al caso y a cubrir la manutención y estudios de las dos hijas de Victoria tampoco ha cumplido. Es la abuela quien con grandes esfuerzos provee estudios y manutención básica a las adolescentes", destacó el IMUMI.
Sobre el caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 34/2021, el 24 de agosto de 2021, en la que llamó al entonces presidente municipal del ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, Víctor Mas Tah, a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, a que brinden a las víctimas indirectas del caso la reparación integral por los daños causados, que incluya una compensación justa y suficiente; sin embargo, tampoco hay avances significativos en el seguimiento del cumplimiento de la recomendación.
Por último, el IMUMI lamentó que tras dos años agotadores y frustrantes para la familia, no ven cercano el acceso a la justicia y la reparación del daño, por lo cual nuevamente alzaron la voz para pedir al país que demuestre que el acceso a la justicia para las mujeres migrantes y refugiadas es una realidad.
DMZ