Alumnas del CCH Oriente exigen seguridad en planteles

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Estudiantes piden a la UNAM que no se deslinde de su responsabilidad y coadyuve a esclarecer el asesinato de la joven Aideé Mendoza, quien el pasado 29 de abril recibió un disparo cuando estaba en su salón de clases.

“Uno piensa: me voy a meter a la escuela para estar segura, pero adentro también te asaltan, te pueden matar”. (Arturo Black Fonseca)
Sonia Gerth
Ciudad de México /

A casi dos semanas del asesinato de Aideé Mendoza Jerónimo, quien el pasado 29 de abril recibió un balazo cuando estaba en su salón de clases del Colegio de Ciencias y Humanidades Oriente (CCH) de la UNAM, parece como si nada hubiera pasado. El plantel reabrió sus puertas el 6 de mayo para la fase de los exámenes finales de este semestre.

Al ingresar a la institución, el personal de seguridad echa un vistazo superficial a las credenciales del estudiantado que se apresura a entrar. “A la gente no le importa. Me siento enojada y triste”, dice en entrevista María, una joven que por seguridad se reservó su identidad. “Uno piensa: me voy a meter a la escuela para estar segura. Pero también adentro te asaltan, te pueden matar”.

María, junto con otras estudiantes, es parte del colectivo Rosas Violentas del Oriente, agrupación que denuncia la inacción de las autoridades escolares para garantizar seguridad, y cuestiona cómo se manejó la emergencia que llevó a la muerte a Aideé.

La joven asegura que el director del plantel, Efraín Peralta Terrazas, actuó con negligencia en dos momentos: durante la atención médica a Aidée después de recibir el impacto de bala, cuando estaba en clases de matemáticas, y al no asumir la responsabilidad integral con la víctima y la comunidad estudiantil.

En el CCH Oriente ni siquiera se ha ofrecido atención psicosocial a las estudiantes. “Solo algunas y algunos profesores abordaron el tema, por unos cinco minutos antes de empezar la clase”, dijo María.

Otra integrante del plantel, que pidió el anonimato, indicó que han observado que en la escuela faltan materiales para atender a personas heridas durante emergencias médicas, y que el personal no está debidamente capacitado para actuar en estos casos.

Además, el colectivo no cree que las autoridades universitarias llamaran a una ambulancia de manera inmediata, como afirmaron en un comunicado publicado el 5 de mayo. En éste, el CCH Oriente explicó que la atención médica se tardó porque “primero llegó una unidad de la alcaldía Iztapalapa que no contaba con el equipo necesario”, y luego llegó una segunda del ERUM, que trasladó a Aideé al hospital del Issste Zaragoza, donde falleció.

“No vimos una ambulancia, solo al ERUM”, dijo Sofía, otra estudiante. Ella, como otras alumnas, reiteró que la bala fue disparada antes de las tres de la tarde. Sin embargo, la dirección ordenó desalojar a las y los estudiantes hasta las cinco, a pesar de los rumores sobre un ataque en el plantel. Es más: “De tres a cinco, ¡dieron otra clase en el mismo salón!”, dijo indignada Sofía.

Para Sofía, la dirección del CCH y de la UNAM se quieren deslindar de su responsabilidad en el caso. Muestra de eso, dice, son las declaraciones que hablan del “sensible fallecimiento” de la estudiante y que indican que fue un accidente, aunque nos sabe con certeza qué pasó.

La Procuraduría General de Ciudad de México (PGJ), por su parte, se ha contradicho y ha filtrado información a los medios de comunicación, por ejemplo, sobre el rango de distancia y la dirección del disparo.

La titular de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos, solo ha dicho que la bala fue un proyectil 9 milímetros, exclusivo de las fuerzas armadas.

Apenas el 8 de mayo, el abogado de la familia Mendoza pudo ver el expediente por primera vez. Así lo declaró la tía de Aideé, Gilberta Mendoza, en una manifestación enfrente de la PGJ el jueves 9 de mayo, aunque prefirió guardar silencio sobre el contenido. Ella cree en que la Procuraduría “está trabajando”, pero dice estar “confusa” sobre las informaciones incongruentes.

Víctor Caballero, integrante de la Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia, dijo que las distintas versiones del asesinato indican que “tienen algo que ocultar”. Además, agregó: “La universidad nunca se involucra, hasta que el movimiento estudiantil le exige que haga un comunicado”.

Por eso, demandó un mecanismo que obligue a las autoridades universitarias a preservar medios de prueba y a aportar informaciones verídicas y verificables en relación de los casos.

Las estudiantes dicen que la estrategia del CCH Oriente parece ser no hablar del caso. “Hagamos un esfuerzo los alumnos y profesores para que las actividades académico-administrativas se realicen con normalidad, sin soslayar el profundo dolor que nos aqueja”, dice un comunicado publicado por la institución.

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