Las denuncias de violación sexual cometidas por policías no son excepcionales en Ciudad de México. Desde diciembre de 2018, cuando Claudia Sheinbaum Pardo tomó protesta como jefa de Gobierno, 11 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han sido vinculados a proceso, acusados de cometer este delito.
Así lo informó la procuradora de Justicia (PGJ), Ernestina Godoy Ramos, el miércoles 14 al concluir su participación en los “Diálogos cero impunidad y justicia absoluta para las mujeres y niñas víctimas de violencia” en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, cuando dijo que los juzgadores determinarán si los policías son culpables o no.
Además del caso de cuatro uniformados acusados de violar a una menor en la alcaldía Azcapotzalco, el pasado 3 de agosto, la PGJ informó que en los últimos dos meses un efectivo de la Policía Bancaria e Industrial fue acusado de violar a una adolescente de 16 años en el Museo de Archivo de la Fotografía, localizado en el Centro Histórico de la capital, el 8 de agosto.
Un mes antes, el 10 de julio, dos agentes más fueron detenidos, acusados de violar a una mujer en situación de calle en un hotel de la colonia Tabacalera, también en la alcaldía Cuauhtémoc, según reportes periodísticos. En ambos casos los elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad están vinculados a proceso.
Aunque la PGJ desestimó la denuncia por lo sucedido en Azcapotzalco y no se tiene más información de los dos casos ocurridos en la alcaldía de Cuauhtémoc, lo cierto es que de enero a junio de 2019 se han registrado mil 895 llamadas de emergencia al 911 por denuncias de violación sexual y Ciudad de México encabeza la lista de entidades, con 369 llamadas.
En el mismo periodo, en el país se han abierto 6 mil 594 carpetas de investigación por violación simple y mil 870 por violación equiparada; de estos datos, 539 y 128 casos, respectivamente, corresponden a Ciudad de México según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La violencia policial contra las mujeres tampoco es un hecho aislado. Hace 21 años, integrantes del 18 Agrupamiento a Caballo de la entonces delegación Tláhuac detuvieron en Xochimilco a tres jóvenes, de 13, 15 y 18 años, que caminaban por la calle. Ellas estuvieron retenidas desde el 19 y hasta el 23 de julio de 1998.
En el cuartel las jóvenes fueron vejadas, violadas, golpeadas, torturadas física y mentalmente, y al igual que lo sucedido en el caso de Azcapotzalco, las autoridades trataron de desestimar la denuncia, alegando que las jóvenes, dos de ellas adolescentes, eran trabajadoras sexuales que llegaron al cuartel por su voluntad.
El caso ganó tal notoriedad pública que los 32 integrantes del agrupamiento fueron destituidos y nueve fueron acusados de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y violación tumultuaria. Al final, 15 policías fueron condenados a ocho años de cárcel y dos, a 26 años y seis meses.
Después de dos décadas, las violaciones sexuales cometidas por policías continúan y las irregularidades también.
Hoy día, el actuar de la PGJ en la investigación de estos delitos se ha caracterizado por las contradicciones de información entre autoridades y filtraciones de datos personales de la víctima o su criminalización. Esto permitió a la Procuraduría perfilarse para desestimar el delito de violación en el caso Azcapotzalco.
Primero, la institución filtró a los medios de comunicación datos de la denuncia, el vocero de la Procuraduría, Ulises Lara López, admitió que la exposición de datos causó desconfianza en la víctima y que decidiera no seguir el procedimiento.
A esto se agregaron las imprecisiones en la investigación; en principio el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, declaró que no suspendieron a ningún policía por la denuncia. Más tarde, se dijo que 10 uniformados declararon por la presunta violación; el martes 13 de agosto la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que seis policías involucrados fueron suspendidos mientras continuaban las investigaciones.
Para la noche del miércoles 14 de agosto en medios de comunicación se divulgaron videos en los que se observa el camino de la víctima, lo que dio pie a que el vocero de la PGJ diera una conferencia para informar que la denuncia de la joven no coincide con sus investigaciones.