Aunque no hay datos que muestren un aumento de la violencia de género y la desigualdad cuando las mujeres se confinan en sus hogares para evitar la propagación de una pandemia, como la ocasionada por el Covid-19, organismos internacionales, organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos advierten la importancia de evitar impactos desproporcionados para mujeres y niñas.
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Los llamados para incluir la perspectiva de género en las acciones para mitigar la propagación del virus surgieron a partir del 14 de marzo, cuando las secretarías de Salud y de Educación Pública anunciaron que, como medida de prevención, las vacaciones escolares de niñas, niños y adolescentes se adelantarían para el 23 marzo y se ampliarán hasta el 17 de abril.
La secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, de la Organización de los Estados Americanos, Alejandra Mora Mora, hizo un llamado en este tema y aseguró que el actual desafío ante el Covid-19 es mirar a las personas menos privilegiadas, sus necesidades y especificidades, para que las acciones y políticas que se diseñen no profundicen la precariedad de sus condiciones de vida.
Uno de los primeros organismos en poner el tema sobre la mesa fue ONU Mujeres, que el 17 de marzo publicó un documento para explicar que una respuesta efectiva a la pandemia requería asegurar recursos suficientes para responder a las necesidades de las mujeres, garantizar su participación en todas las fases de respuesta y asegurar su acceso a la información, a equipos de protección personal, a productos de higiene menstrual y modalidades de trabajo flexibles.
La Red Nacional de Refugios, por su parte, inició una campaña en redes sociales para hacer visible las diferencias de género en esta situación. El 19 de este mes, la Red expuso en un comunicado que, ante la recomendación gubernamental de aislamiento social, era necesario concientizar y crear acciones ante el posible incremento de casos de violencia en los hogares.
De acuerdo con datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, la violencia de género es más común en entornos de emergencia humanitaria, en estos casos las principales víctimas suelen ser mujeres y adolescentes, cuya vulnerabilidad se agrava en una crisis.
Aunado a ello, expuso la Red, miles de mexicanas no están seguras en sus hogares, pues uno de cada 10 mexicanas afirman haber vivido alguna agresión en su casa.
Con estos datos de por medio, la Red aseguró que, en caso de confinamiento generalizado de la población, habría que prevenir situaciones de riesgo para las mujeres y reconocer que el aislamiento social es un privilegio, ya que muchas mexicanas tienen empleos informales, por lo que seguirán laborando porque no hacerlo implica no tener ingresos económicos.
A su vez el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, organismo internacional que da seguimiento al cumplimiento de este tratado internacional, emitió una comunicación el 18 de marzo en la que señaló que muchas medidas para mitigar las consecuencias del Covid-19 pueden tener un efecto desproporcionado para mujeres y las niñas, y, en algunos casos, pueden exacerbar la violencia en su contra.
Por ejemplo, mencionó que las cuarentenas obligan a mujeres y niñas a convivir por largos periodos con sus victimarios; en otros casos ellas se ven obligadas a quedarse a cargo del cuidado de personas adultas mayores, enfermas, menores de edad o en alguna situación de vulnerabilidad, también son quienes hacen las labores del hogar, o bien, las que tienen más dificultades de acceder a servicios de salud por la discriminación laboral en la que se encuentran.
A escala nacional, el mismo 18, integrantes del Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres manifestaron, en un documento publicado en la plataforma change.org, su preocupación por la falta de un sistema nacional de cuidados y de beneficios de asistencia social para las mexicanas.
Hasta el viernes no se había presentado un plan para atender la pandemia en un escenario de aislamiento y desde un enfoque de género o que explicara cómo funcionarían las instituciones de Estado encargadas de garantizar los derechos de las mujeres.