Mientras el pasado 25 de noviembre se celebraba el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Abril Pérez Sagaón fue asesinada mientras viajaba en su auto en Coyoacán. Acababa de salir de un juzgado donde peleaba la custodia de sus hijos contra su ex marido Juan Carlos García, ex CEO de Amazon México.
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Abril, al igual que Mireya Agraz Cortés y Emma Gabriela Molina Canto, sobrevivieron años de violencia intrafamiliar, estaban en procesos de divorcio, pelearon por la custodia de sus hijas e hijos y se enfrentaron no solo a un juez machista, sino a una cadena de juezas, jueces, magistrados y personal jurídico que desestimó sus testimonios, sus pruebas, que no creyeron que su vida corría peligro y favorecieron a sus ex parejas, en los tres casos, hombres con poder.
ABRIL
De acuerdo con los relatos de sus hijos Ana Cecilia y Javier, Abril tenía años de “vivir un infierno”. Sobrevivió un intento de feminicidio el 4 de enero pasado, del cual Ana Cecilia escribió en Twitter: “imagínense despertarse en la madrugada por los gritos de tu madre que grita por su vida. Imagínense levantarse a ver la hermosa cara de tu madre ensangrentada gracias al criminal que una vez llamaste papá”. García había golpeado a su esposa con un bate de beisbol mientras dormía, existen fotos y testimonios.
A pesar de las pruebas que se presentaron, el juez de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Federico Mosco González, estimó que este acto violento no era una tentativa de feminicidio, como señaló la Fiscalía. Para él eran únicamente lesiones y violencia familiar, por lo que el agresor fue liberado de la prisión preventiva, 17 días antes del feminicidio de Abril.
Este caso fue muy mediático y tuvo consecuencias, como que el magistrado presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura, Rafael Guerra Álvarez, anunciara que se inició una profusa investigación sobre la actuación de los jueces y hasta que termine estarán suspendidos.
MIREYA
Pero en otros casos no hay sanciones para las personas juzgadoras. La abogada feminista, Patricia Olamendi Torres, recordó el caso de Mireya Agraz Cortés, quien en 2011 interpuso la primera de tres denuncias por abuso sexual infantil contra sus hijos cometida por su entonces esposo L. Olvera.
Pese a los peritajes y testimonios de los menores de edad que confirmaban el abuso, dos juezas del juzgado familiar del tribunal fallaron en contra de Mireya y le otorgaron la guarda y custodia al padre, argumentando la figura de “alienación parental”. El 7 de junio de 2017, la policía encontró los cuerpos de Mireya, su hijo e hijas, así como de su padre, quienes al parecer optaron por suicidarse antes de que ocurrieran más abusos sexuales contra los menores de edad.
EMMA GABRIELA
Emma Gabriela vivió por más de 10 años violencia intrafamiliar. Cuando decidió divorciarse, su ex pareja, un alto funcionario tabasqueño, Alberto Medina Sonda, la acusó de maltrato.
Emma Gabriela fue detenida, golpeada y encarcelada por autoridades tabasqueñas sin motivo alguno, ocasión que su ex esposo aprovechó para sustraer a sus tres hijos. Molina Canto comprobó su inocencia y señaló a Medina Sonda y a su familia como responsables, sin embargo, su lucha para recuperar a los menores de edad duró más de dos años. El 27 de marzo 2017, fue asesinada por dos sicarios contratados por quien fuera su esposo.
A pesar de la jurisprudencia 22/2016 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a impartidores de justicia de todos los niveles a identificar situaciones de poder entre las partes involucradas y valorar pruebas desechando estereotipos y prejuicios, lo que se observa en estos casos es una nula aplicación de este criterio. En opinión de Olamendi Torres, el Poder Judicial, en cualquier parte del mundo, está obligado a cumplir con la ley. “Es el garante de la ley. Aquí tienes un Poder Judicial que cuestiona la ley”.
La directora ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal capitalino, María Elena Lugo del Castillo, reconoció en entrevista con Cimacnoticias que “ha habido un poco de reticencia, por los temas culturales, para capacitar al personal en perspectiva de género”.
Una reticencia que la abogada especialista en materia familiar, Rocío Corral Espinosa Monsiváis, puso en otras palabras: “¡No les entra! ” y advirtió que si desde los juzgados familiares no se aplica la perspectiva de género habrá casos que deriven en penales, como los de Abril, Mireya y Emma Gabriela. Fueron muertes anunciadas que la justicia pudo haber evitado.