A pesar de los múltiples esfuerzos que las Instituciones de Educación Superior (IES) han realizado para erradicar, la violencia en contra de las mujeres, sigue estando presente en los recintos académicos, por lo que al menos 44 rectoras y directoras de bachilleratos y universidades lanzarán un llamado de urgencia mediante un acuerdo nacional que abata la violencia de género.
Las académicas llamarán este martes 5 de marzo, en el contexto del 8 de marzo, Día de la Mujer, a suscribir el Acuerdo Nacional por una cultura de paz y por la erradicación de la violencia de género en las IES de la República Mexicana.
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Claudia Gómez López, rectora de la Universidad de Guanajuato, explicó que es una llamada de alerta mediante un decálogo, porque existe la preocupación entre la comunidad universitaria que, pese a los mecanismos y protocolos, los casos de abuso siguen estando presentes y las resoluciones, en algunos casos, siguen siendo tardadas y poco satisfactorias.
“Hay una preocupación de todas las rectoras, directoras, titulares de las IES, porque hay esfuerzos institucionales, pero no necesariamente llegan al mejor fin o conclusión, porque, de repente, también los mecanismos al interior de las instituciones son complicados. Si se detecta una violencia de género, se actúa, pero de repente viene una contrademanda por el profesor o profesora, y no sirvió todo lo que estamos haciendo para desarticular las violencias de género".
"Entonces tienes que reinstalar a quien, presuntamente, cometió el abuso y finalmente se puede polarizar mucho más el tema, esto nos limita mucho a la hora de querer contribuir y actuar al interior de las instituciones y muchas veces las partes lo cuestionan mucho, con justa razón, cómo es posible que si están los mecanismos, las instancias, los protocolos, pero finalmente sigue existiendo esa violencia e incrementa”.
“Lo que tenemos que hacer es propiciar que las cosas no ocurran y la otra es que se solucionen de la manera más efectiva buscando siempre, por supuesto, los derechos, la integridad y la dignidad de las personas sin la revictimización”, explicó Gómez López.
La rectora explicó que si bien la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, así como en el seno del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), han realizado diversas actividades, entre foros, conversatorios, diálogos y articulación de redes académicas, aún falta un mayor involucramiento de las IES.
“Por ejemplo, en el caso de bachillerato se ven muchos casos de abuso o violencia entre las relaciones de las propias estudiantes, entonces tenemos que actuar con esos mecanismos. Hay protocolos, mecanismos, pero muchas veces falta esa efectividad, que se resuelva de manera más asertiva, hay que promover las denuncias”, agregó.
¿Qué dice el decálogo?
El decálogo a presentarse mañana martes en la sede de la ANUIES:
- Abatir solidariamente los obstáculos que impiden el desarrollo profesional de las mujeres y el valor de la sororidad a través del pleno respeto y protección de sus derechos fundamentales y de su dignidad humana.
- Salvaguardar los derechos de las personas y, en especial, los de las mujeres a la libre manifestación de las ideas y a la protesta pacífica, promoviendo la tolerancia hacia la legitimidad de sus actos, protegiendo su integridad y evitando estigmatizarles, criminalizarles o, en su caso, revictimizarles.
- Generar las normas, mecanismos, procedimientos, así como las instancias necesarias para promover la cultura de paz, la inclusión y como eje central de esta última, la igualdad sustantiva de género.
- Fomentar y facilitar las denuncias, eliminar los obstáculos legales y materiales para que estas prosperen e implementar disposiciones normativas, procedimientos y prácticas que eviten la revictimización o bien eliminar las que la produzcan.
- Ampliar y fortalecer la colaboración con otras instituciones especializadas para asegurar una atención integral y adecuada a las personas involucradas en eventos de violencia de género que ya se tienen en las IES para brindarles apoyo integral, tal que facilite la resolución pacífica de los conflictos, la restauración de las relaciones rotas o dañadas, así como la reinserción de las personas víctimas y en lo posible de las personas perpetradoras a la comunidad universitaria.
- Facilitar el trabajo de las personas nombradas por las y los titulares de nuestras IES para la implementación intra e interinstitucional del presente Acuerdo Nacional y para fomentar el intercambio de buenas prácticas entre las mismas.
- Hacer transitar la acción concertada que se realiza en las IES para integrarla a las agendas locales, regionales y nacionales de erradicación de la violencia y en especial de la ejercida en contra de las mujeres, vinculando el trabajo que realizan hacia el interior de los recintos educativos con un trabajo de cercanía y de responsabilidad social hacia las comunidades en las que se encuentran insertas.
- Gestionar con las autoridades en todos los niveles de gobierno los mecanismos de colaboración que sean necesarios para garantizar que la violencia comunitaria presente en nuestras sociedades no se convierta en un obstáculo de facto al acceso al derecho humano a la educación de las personas estudiantes, especialmente de las mujeres.
- Articular con los sectores público, social y productivo los recursos y los mensajes que permitan realizar campañas nacionales de alto impacto para generar una opinión pública informada y alerta contra la comisión de las violencias de género.
- Generar y transparentar, desde las instituciones de educación superior, la información, la estadística, los análisis y los estudios que deriven del registro puntual de las variables asociadas al fenómeno de las violencias y, en especial, la cometida en contra de las mujeres, con el propósito de integrar bases de datos abiertas que promuevan tanto la investigación académica, como el diseño y la articulación de las políticas públicas e institucionales necesarias para su prevención y el aseguramiento de las garantías de no repetición.
RM