DOMINGA.– La primera vez que pisé Monclova, Coahuila, me dijeron que Los Zetas rondaban en la ciudad como animales heridos, dispuestos a atacar a cualquiera con tal de sobrevivir. Era 2016 y estaban perdiendo el control de la llamada Capital del Acero después de una serie de operativos militares y policiacos que habían comenzado en la región de La Laguna. Monclova era una ciudad en la que mataban y secuestraban a mansalva para imponer un ambiente de terror y caos que les permitiera reinstalarse en el poder. El caos era su modo de recuperar el control en el estado.
Aterricé y corrí al hotel, seleccionado cuidadosamente por ubicarse frente a una estación de policía creyendo que así estaría seguro. “La cagaste”, dijo mi fuente cuando le avisé que ya estaba en Monclova. “Esos son policías municipales y trabajan para Los Zetas”. La curiosidad me sacó de la habitación para verlos “vigilar” las calles. Caminé con prisa para comer algo y luego encerrarme. En el trayecto vi una puesta en escena: una ciudad desértica pero pacífica a la vista. “No te equivoques cuando salgas: en Monclova todo es tranquilo hasta que escuchas el primer balazo y todo vale madres”. Dormí pensando que ese silencio me inquietaba.
Al día siguiente fui al palacio municipal para entrevistar al alcalde sobre cómo se vivía la retirada de Los Zetas. El panista Gerardo García me recibió sonriente, pero cuando hablamos de “los señores aquellos” noté su incomodidad. Años antes, como empresario gasero, había sido secuestrado por la gente de “la última letra” y el recuerdo le seguía punzando en ese lugar apretado entre el pecho y la espalda donde se anida el estrés postraumático. Los Zetas, me confirmó, dominaron cada aspecto de la vida pública entre 2008 y 2015. Tanto que sus alcaldes antecesores fueron obligados a contratar zetas como secretarios particulares para que cada mensaje, llamada y cita fuera aprobada por el jefe de plaza.
En Monclova supe de un fenómeno conocido como “las casas de las puertas abiertas”: cuando los vecinos de alguna colonia veían que una casa había sido deshabitada súbitamente, se fijaban en las puertas. Si estaban cerradas era porque la familia había huido antes de que Los Zetas los mataran por denunciar un delito; si estaban abiertas era porque Los Zetas se les habían adelantado, sacado a empujones y obligados a entrar a un vehículo robado que pararía hasta una casa de seguridad y luego a una fosa clandestina. Puertas cerradas: desplazamiento forzado; puertas abiertas: secuestro, tortura, asesinato y desaparición.
Ese dominio tuvo un efecto visible en las entonces procuradurías, hoy fiscalías: las oficinas siempre estaban vacías. Nadie denunciaba ser víctima de un delito debido a una doble certeza: los victimarios siempre eran integrantes o aliados de Los Zetas y los ministerios públicos estaban infiltrados. Por eso, cuando el hijo de Argelia Soto, Josué, fue secuestrado a la una de la mañana del 5 de noviembre de 2011, y nunca volvió a casa, ni siquiera hubo una denuncia para buscarlo. Ir con las autoridades empeoraba cualquier desgracia. Con la esperanza de que su amado hijo alguna vez volviera, la madre se enclaustró a esperarlo sin jamás cambiar o pintar la fachada para que la casa familiar siempre fuera reconocible. Murió en la pandemia sin saber el paradero de su “flaco de oro”.
La gente en Monclova moría y desaparecía sin que las autoridades registraran esos delitos. Así, en apariencia, la ciudad acerera del norte era un mar de tranquilidad, pero en el fondo tenía un oleaje bravo que engullía a sus habitantes.
Dos días después dejé Monclova con una certeza que me acompañará los siguientes diez años de carrera como periodista interesado en temas de seguridad: las cifras de la baja de delitos no siempre son una buena noticia. Al contrario. Desde el silencio, los números nos pueden estar gritando algo: el crimen tiene amordazados a nuestros vecinos.
El subregistro de delitos que “enfriaba” la plaza en Coahuila
En México no contamos delitos. Lo que contamos son las carpetas de investigación que se inician para investigar un delito. Es decir, si alguien es víctima, por ejemplo, de un robo, debe dedicar en promedio dos horas y quince minutos para hacer una denuncia ante el Ministerio Público –según los cálculos de la organización Impunidad Cero–y sólo entonces el delito entrará a las estadísticas oficiales que luego llegarán al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Si la víctima decide no perder ese tiempo, el criminal y el crimen nunca existirán.
Por eso, entre 2008 y 2016, Monclova y otras ciudades de Coahuila y el norte del país nunca aparecieron como focos rojos en el mapa nacional. A 190 kilómetros hacia el norte, en el municipio de Allende, Los Zetas masacraron a 300 personas entre el 18 y el 20 de marzo de 2011, sin que se advirtiera en los datos oficiales que nada ni nadie se movía desde hace años sin el permiso de la mafia.
El gran silenciador de aquellos años era Heriberto Lazcano Lazcano, El Z-3, fundador de Los Zetas, quien se mudó a Monclova para dirigir el cártel en el estado hasta su abatimiento en 2012. Las historias que se contaban de él eran suficientes para temblar: que destazaba gente por diversión, que atropellaba perros por gusto, que se comía los órganos de sus víctimas. Esos relatos ciertos, falsos o exagerados era una de sus estrategias para aplacar a los posibles denunciantes y operar con normalidad, además de darle “cifras alegres” a los alcaldes y gobernadores para mantener alejado al Ejército y a la Marina.
Intimidar o matar a quien se atrevía a denunciar, aunque fuera algo tan necesario para la vida cotidiana como avisar del robo de un vehículo para poder cobrar el seguro, era clave para la supervivencia del cártel.
“Se habla mucho de calentar la plaza, pero no de la otra estrategia: enfriar la plaza”, me dijo mi fuente, un reportero que sobrevivió de milagro aquellos años. Y entonces recordé las palabras del periodista colombiano Alberto Salcedo Ramos en una de sus crónicas sobre la masacre del Salado: “sucede que los asesinos [...] nos enseñan a punta de plomo el país que no conocemos ni en los libros de texto ni en los catálogos de turismo”.
“Ahora sí la gente denuncia”
Ocho años, en 2024, después de aquella visita a la Capital del Acero, volví a la ciudad. La encomienda ahora era encontrar y convencer a viejos líderes de Los Zetas de que participaran como entrevistados en la serie documental Anatomía del mal (2025) sobre la desaparición del joven Héctor Rangel a manos de policías municipales monclovenses. Nos citamos en un estacionamiento público por seguridad. Uno de ellos saludó con efusividad a dos miembros de la Guardia Nacional, mientras me contaba cómo elegía la ubicación de las fosas clandestinas en sus épocas de “gloria”. No era casualidad: quería que supiera que aún contaba con esa protección oficial.
Aunque la complicidad entre criminales y autoridades seguía ahí, el exzeta que estaba frente a mí lucía nervioso, a pesar de su pose engreída. Sudaba profusamente y ante el mínimo ruido tocaba el bolsillo trasero de sus jeans asegurándose que la pistola y las llaves de su auto estaban al alcance en caso de emergencia.
“Es que ahora sí la gente denuncia”, me dijo sin que yo le preguntara, como si trajera esa molestia atorada en la garganta y sólo pudiera airearla frente a un periodista. “¿Extrañas esos tiempos en que nadie iba al Ministerio Público?”, le cuestioné. Me miró con ese gesto que hacen las personas cuando les hacen una pregunta obvia. “Claro que sí. Era bien chingón”. Su sonrisa me hizo sentir incómodo, el mismo malestar que le vi al alcalde Gerardo García cuando recordó su secuestro y su milagrosa salvación porque conocía a alguien de la Policía Federal y ese alguien conocía a los jefes de Los Zetas.
En México, insisto, no contamos delitos. Acaso, calculamos los que creemos que ocurrieron para explicar “la cifra negra”. Una manera de aproximarnos a ese hoyo negro es con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública que el Inegi hace todos los años. Pero la encuesta tiene un problema: sólo estima los delitos ocurridos y no denunciados por estado, no por municipio. Hoy es imposible saber cuál es la diferencia entre aquel 2016 y 2024 en Monclova, pero aquel zeta calcula que en ocho años las denuncias se duplicaron. Tal vez más.
Su hipótesis es la misma que la mía: Los Zetas comenzaron a huir de sus principales bastiones acosados por las Fuerzas Armadas y por sus enemigos, el Cártel de Sinaloa, que creció en la región entre 2006 y 2012 por su complicidad con el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Cuando el asedio fue insoportable, el cártel de la última letra salió de las ciudades para irse a la periferia y en 2018 desapareció de Coahuila. Cuando huyeron, se cayó la mordaza de la boca de los monclovenses.
De pronto, las oficinas del Ministerio Público comenzaron a tener gente. Sin Los Zetas en la ciudad, creció la confianza en las autoridades. Alguien que necesitaba el acta de defunción –por homicidio– para cobrar una herencia o la denuncia de robo para reclamar la póliza del seguro ya se acercaba a la fiscalía con el alivio de que los corruptores se habían ido. También había una certeza en ello: los ministerios públicos infiltrados eran tan víctimas como los vecinos, obligados a vender información y entregar denunciantes a cambio de que sus familias no fueran asesinadas.
Los empresarios pagaron campañas para alentar la denuncia ciudadana en nuevas líneas anónimas instaladas por el gobierno. Los medios locales se sumaron. Y la iglesia también: el obispo de Saltillo, el ingeniero y eclesiástico católico Raúl Vera, animó a familiares de desaparecidos a hacer públicos sus casos silenciados y les brindó apoyo desde el Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”.
El número de denuncias creció y en los medios había una noticia mal contada: crecieron los delitos en Monclova. Lo que muchos no entendieron es que Monclova no se volvió más violenta cuando aumentaron las denuncias, sino que volvió a tener voz. Cada carpeta nueva era un crimen que dejaba de pertenecer al cártel para convertirse en asunto público; era una víctima que recuperaba el derecho a decir “esto me pasó” sin pagar con la vida.
Aquel día de hace dos años que dejé atrás, de nuevo, a Monclova, me fui con otra certeza: hay veces en que la cifra de delitos a la alza es, en realidad, una extraordinaria noticia.
GSC / MMM