En 2018, 19.5 millones de personas menores de 18 años se encontraba en situación de pobreza y 3.7 millones en pobreza extrema, así lo señala la más reciente medición multidimensional de la pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Los factores que determinan los niveles de pobreza de los niños y adolescentes se encuentran los ingresos que perciben los integrantes del hogar, el ámbito de residencia, las condiciones geográficas, la pertenencia étnica, las características de los hogares, y la presencia de carencias sociales.
De acuerdo con el reporte, entre 2008 y 2018, el acceso a los servicios de salud, presentó una disminución, al pasar del 39 al 14.3 por ciento; mientras que de 2010 a 2016, la tasa de mortalidad infantil se redujo del 14.1 a 12.1, según datos del Sistema de Información de Derechos Sociales (SIDS) del Coneval.
Además, para el 2018, el 14.3 por ciento de la población infantil no contaba con servicios de salud y el 61.1 por ciento no tenía acceso a la seguridad social, “lo que podría aumentar la vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes en caso de contraer coronavirus, ya que su atención médica podría no estar garantizada”.
El organismo detalló que en 2016, Puebla presentó la tasa más elevada de mortalidad infantil a nivel estatal, con 14.4; seguido de Campeche, con 14.1 y Tabasco, con 14, por encima del promedio nacional.
Entre 2008 y 2018, el tema de la alimentación pasó de 25.7 al 23.9 por ciento, lo que significa que más de 9 millones de menores de edad vivían en hogares que presentaban un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo.
“El porcentaje de personas de cero a cuatro años sin bajo peso, baja talla ni emaciación se ubicó en 84.7 por ciento en 2012, mientras que en 2016 aumentó a 88 por ciento”, indicó.
En tanto, la seguridad social de los niños y adolescentes presentó una baja, al pasar de 73.9 por ciento, en 2008, a 61.1 por ciento, en 2018, lo que significa que, en el último año, solo el 38.9 por ciento tenía acceso a este derecho.
Los estados con menores porcentajes de este sector con acceso a la seguridad social son Chiapas, con 11.8 por ciento, Oaxaca, con 16.9 y Guerrero, con 18.2.
Durante el 2008, el rezago educativo estuvo presente en el 10.5 por ciento de este sector, en 2008 y en 2018, se redujo a 7.3, sin embargo, el Coneval consideró que además de garantizar el acceso a niveles superiores de educación, es necesario fortalecer la calidad de la enseñanza que se recibe en niveles previos.
“Ante esta emergencia sanitaria, las niñas, niños y adolescentes son un grupo vulnerable que podría sufrir un impacto negativo a futuro. Lo anterior, debido a que, como parte de las medidas para combatir el contagio del virus SARS-Cov2, las niñas, niños y adolescentes dejaron de asistir a centros de enseñanza temporalmente, lo que representa la dificultad en el seguimiento de su educación”, especificó.
Respecto a la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, en 2008 el 27.3 por ciento de la población menor de 18 años habitaba en viviendas que no contaban con acceso a agua potable, energía eléctrica, drenaje o se cocinaba con estufa de leña sin chimenea, cifra que para 2018 disminuyó a 23.4 por ciento.
En ese sentido, el Coneval recordó que en el documento “Pobreza infantil y adolescente en México 2008-2016”, elaborado en coordinación con la UNICEF, se recomendó que las acciones de combate a la pobreza infantil, deben asegurar una cobertura adecuada y una atención oportuna, principalmente a los grupos de mayor vulnerabilidad, como las personas en municipios rurales e indígenas y los hogares con miembros con discapacidad, entre otros.
Destacó que es importante notar que la pobreza en la infancia y la adolescencia “se expresa de manera heterogénea y que las carencias varían de acuerdo con los diferentes grupos de edad” y exhortó a fortalecer la protección social para la población que carece de seguridad social.
“Para que los intentos de reducción de pobreza brinden frutos más efectivos en los años venideros y para que verdaderamente se pueda acelerar un proceso de transformación social en el país, es importante concentrar esfuerzos de gobierno no solo en la expansión de la cobertura de los principales servicios como educación y salud, sino también invertir en mejorar su calidad”, puntualizó.