Solo 2.5% de violaciones graves a derechos, de la Policía Militar

El 5 de enero de 2016 una joven de 21 años estaba sentada en un piso de terracería, descalza, y con el rostro cubierto. Una mujer perteneciente a la Policía Militar le apuntaba con un arma en la cabeza.

—¿No le vas a decir? De una vez te mato… —la amenazaba. Estaban en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Ahí se implementaba el Operativo Especial Tierra Caliente. Elementos de la Policía Militar la asfixiaban con una bolsa de plástico amarilla. Ella lloraba, hasta que se quedó en silencio, dejó de moverse, y cayó al suelo.

—Pinche vieja dramática, si estás respirando, hija de tu puta madre, te digo que eres una mamada. ¿Ya te acordaste, o quieres más bolsas, o quieres más agüita? ¿O quieres toques? —se escucha la voz de una mujer.

Es un video que circuló en redes sociales y que formó parte de una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual derivó en una de las cuatro recomendaciones existentes contra policías militares por cometer actos de tortura, detenciones arbitrarias, retenciones y cateos ilegales e incomunicación de detenidos.

De las 163 recomendaciones emitidas por la CNDH contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de 1990 a la fecha, solo cuatro, 2.5 por ciento, corresponden a labores de seguridad efectuadas por la Policía Militar, con la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende conformar la Guardia Nacional, además de elementos de la Policía Naval y la Policía Federal.

En el caso de la Marina, la cifra de recomendaciones es de 53, pero ninguna ha sido dirigida a la Policía Naval.

Si su creación es aprobada en el Poder Legislativo, a la Guardia Nacional se sumarán elementos de la Policía Federal que, en ese mismo periodo de tiempo, han recibido 76 recomendaciones. De éstas, seis fueron por violaciones graves a los derechos humanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

***

La recomendación 004/2017, del 27 de febrero de 2017, dirigida al entonces secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, y al entonces comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, narra cómo en el caso de la joven de 21 años, detenida en Guerrero, elementos de la Policía Federal y Militar la sacaron de su casa junto con otras personas, sin que tuvieran una orden de cateo, es decir, de manera ilegal.

Y en vez de ponerla a disposición de las autoridades ministeriales, la trasladaron a instalaciones militares (Base de Operaciones 1) para después llevarla a una zona de terracería donde fue interrogada.

La CNDH documentó que tardaron 17 horas en ponerla a disposición del ministerio público, tiempo en el que “fue golpeada, desnudada, sometida a asfixia con una bolsa y recibió choques eléctricos, además de haber sido amenazada con la muerte de sus hijos y familiares”, se lee en la recomendación de 110 páginas.

La comisión constató que los elementos policiales y militares incurrieron en falsedad de declaraciones.

Por estos hechos, según un comunicado del 5 de enero de 2016 de la Sedena, la entonces Procuraduría General de Justicia Militar ordenó la aprehensión de un capitán y un soldado de la policía militar, a quienes se les decretó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión de delitos del orden militar.

La Comisión Nacional de Seguridad ha entregado pruebas de cumplimiento parcial de la recomendación. La Secretaría de la Defensa Nacional ha entregado pruebas de cumplimiento parcial.

MASACRE EN CHIHUAHUA

Otra de las recomendaciones emitidas por la CNDH está relacionada con la masacre de Villas de Salvárcar, ocurrida en Ciudad Juárez, Chihuahua. El 30 de enero de 2010 un comando acribilló a estudiantes del CBTIS 128, del Colegio de Bachilleres plantel 9, y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que se encontraban en una fiesta.

La recomendación narra cómo el 3 de febrero de 2010 un hombre, que según las autoridades manejaba un auto con reporte de robo, salió de su negocio ubicado en Plaza Coral, en Ciudad Juárez, cuando fue detenido por elementos del Ejército, quienes lo acusaron de estar involucrado en la matanza.

La CNDH asegura que elementos del 7 Batallón de Policía Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional cometieron hechos violatorios, como “retención ilegal, incomunicación, tortura y uso arbitrario de la fuerza a fin de obtener declaraciones incriminatorias”, con la participación de los funcionarios que entonces fungían como subprocurador de Justicia Zona Norte de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, el director del centro de Reinserción Social Estatal en Ciudad Juárez y un agente de la Policía Ministerial Investigadora.

Al presunto implicado en la matanza no le permitieron comunicarse con su familia durante tres días, hasta que lo iban a trasladar al Cereso.

El 30 de agosto de 2011, la CNDH dirigió la recomendación 49/2011 al general Guillermo Galván Galván, entonces secretario de la Defensa Nacional, para que se reparara el daño ocasionado mediante atención médica y psicológica.

Le pidieron que emitiera una circular u ordenanza dirigida a los mandos superiores, medios y a los elementos de tropa para que las personas que sean detenidas no sean trasladadas a instalaciones militares, “sino que sean puestas de inmediato a disposición de la autoridad correspondiente; que gire instrucciones a efectos de que los elementos del Ejército que participen en tareas de seguridad pública se abstengan de usar la fuerza, excepto en los casos que sea estrictamente necesaria, evitando el abuso de poder a través de prácticas como la tortura de las personas”.

La Secretaría de la Defensa Nacional entregó pruebas del cumplimiento total de la recomendación emitida por la CNDH, mientras que el gobernador del estado cumplió parcialmente con la atención a los señalamientos que se le hicieron. Se encuentra en trámite de cumplimiento.

DELITOS DE HONOR

El 21 de junio de 2002, elementos de la Policía Judicial Federal Militar detuvieron al sargento segundo Alejandro Costeño Rivera en la puerta 8 del Campo Militar número 1-A.

Los agentes de la Policía Judicial Federal Militar lo acusaron de los delitos de fraude, uso de documento falso y contra el honor en su modalidad de utilizar públicamente insignias, así como un grado que no le correspondía.

La CNDH no se pronuncia respecto a las conductas del sargento segundo Costeño Rivera, pero sí documentó en la recomendación 8/2004 que tras su detención fue objeto de detención ilegal por un lapso aproximado de 11 horas, y acreditó que durante ese tiempo fue torturado.

La recomendación se dirigió a la Procuraduría General de Justicia Militar y el asunto tiene carácter de concluido.

64 HORAS CON MILITARES

El 3 de diciembre de 2008, miembros del Ejército llegaron hasta la casa de Ricardo García Arroyo, en el municipio de Juárez, Chihuahua. Lo sacaron de ahí sin una orden de aprehensión y desde ese momento comenzaron a transcurrir 64 horas para que los policías militares lo pusieran a disposición del Ministerio Público.

“Los militares lo llevaron al cuartel de Ciudad Juárez, donde lo desnudaron, lo golpearon, le aplicaron toques eléctricos en distintas partes del cuerpo, además de apretarle la lengua y la nariz con unas pinzas, y le preguntaban respecto de la ubicación de armas y drogas”, refiere la recomendación 73/2004.

Los actos de tortura se acreditan con el certificado de integridad física emitido el 6 de diciembre de 2008, elaborado por un perito médico de la delegación de la PGR en Chihuahua.

Y aun así, el 7 de diciembre de 2008 se ejercitó acción penal contra García Arroyo, por su probable responsabilidad en la comisión de delitos de venta de mariguana.