Los migrantes, mujeres, hombres y menores de edad, principalmente centroamericanos que cruzan por México han sido víctimas de todo: secuestros, violencia, agresiones sexuales, robos y ataques violentos, según un registro de la organización civil en Estados Unidos, Human Rights First (HRF).
El registro de 70 páginas parte del 14 de febrero de 2019, cuando elementos de una policía mexicana –no se dice cuál- detuvo a Ian Doe. Le solicitaron sus documentos migratorios y al no llevarlos le exigieron entregar mil 500 pesos y con ello evitar la cárcel.
Hasta diciembre de 2020, son más de mil agresiones las documentadas, sin embargo, después de dos años éstas siguen impunes “sin que exista una restitución del daño para esta población que el gobierno mexicano decidió aceptar desde el 20 de diciembre de 2018 y que se comprometió a proteger”, afirma al reportero Miriam González del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI).
Ello pese a que el 15 de diciembre de 2020 se promovió una denuncia sobre secuestros de migrantes ante la Fiscalía General de la República, pero a la fecha no ha habido respuesta.
Según este organismo, son alrededor de 20 mil migrantes los que aún esperan respuesta a su solicitud de asilo en la frontera norte de México. Ello bajo el Protocolo “Quédate en México”.
Según el reporte de la organización estadunidense “entre el 29 de enero de 2019 y diciembre de 2020 se contabilizaron mil 314 víctimas de secuestro, extorsión, agresiones sexuales y robos, vividas antes o después (o ambas) de ponerles bajo esta política”.
En la mayoría de las denuncias de agresiones contra la población migrante, habrían participado elementos del Instituto Nacional de Migración, Policía Federal y estatal y bandas del crimen organizado.
La mayoría de las agresiones, el 90 por ciento de los casos registrados por HRF fue contra la población femenina y sus hijos y resto contra hombres.
Según el mismo registro, los estados donde los migrantes enfrentaron más violencia en ese periodo fueron: Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Chiapas, Tabasco y Ciudad de México.
El 2 de julio de 2019, HRF recogió el siguiente reporte de dos familias que fueron obligadas a permanecer en México.
“Dijeron al juez de migración que los miembros de la familia habían sido víctimas de secuestros exprés (… ) que los había robado durante un periodo corto y los habían extorsionado, antes de su audiencia preliminar en El Paso”.
El 9 de diciembre del 2020, una mujer LGTB de nacionalidad hondureña que se encontraba en Ciudad Juárez desde abril de 2019, dentro de ese Protocolo “Quédate en México” fue violada.
El reporte, recogido por HRF, apunta “fue secuestrada en junio de ese mismo año por cuatro hombres vestidos con uniformes de policía y militares.
“La violaron, una amiga fue violada enfrente de ella y la obligaron a ver que ejecutaban a alguien. Se escapó con ayuda de otras víctimas de secuestro y se fracturó el pie cuando brincó una barda”.
Por esos hechos fue retirada de ese protocolo en julio del 2019 “después de expresar miedo en su segunda audiencia pero la detuvieron en El Paso Processing Center”.
Fue en este lugar en territorio de Estados Unidos que le operaron sus heridas “cuando estaba en detención y desde entonces usa muletas y también sobrevivió a la covid-19, después de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le negara su petición de libertad condicional humanitaria”. Sin embargo en agosto del mismo año “le otorgaron asilo y fue liberada”.
Y ha habido agresiones más graves, contra familias enteras. Todas ellas impunes, expone el informe.
JLMR