El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, afirmó que el potencial de contribuciones por la explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos asciende a 53 mil millones de pesos al año, siempre y cuando se garantice la redistribución local y regional, la inversión en infraestructura de transporte y almacenamiento, así como la supervisión y gestión ambiental.
Sostuvo que la discusión sobre la explotación de dichos yacimientos en México debe abordarse desde una visión técnica, socioeconómica y de sustentabilidad, privilegiando el bienestar y la seguridad energética del país.
Explotación responsable, fuente relevante de ingresos
Frente a la volatilidad internacional, dijo, es imprescindible contar con reglas claras que permitan aprovechar oportunidades económicas sin comprometer los recursos naturales ni a las comunidades.
Ramírez Cuéllar expuso que, con un marco fiscal y de inversión adecuado, la explotación responsable puede convertirse en una fuente relevante de ingresos públicos y en un detonador de cadenas productivas locales con impacto en la construcción, servicios especializados, transporte y manufactura.
“Estudios técnicos estiman una contribución potencial del orden de 53 mil millones de pesos anuales por derechos, impuestos y actividad asociada; sin embargo, esa cifra sólo se concretará si se garantizan regímenes que prioricen la redistribución local y regional y si se acompaña la actividad con inversión en infraestructura de transporte y almacenamiento, plantas de tratamiento y el fortalecimiento institucional para la supervisión y gestión ambiental”, insistió.
El legislador morenista advirtió que, para que la explotación de yacimientos no convencionales sea viable, es imprescindible cubrir un conjunto de condiciones técnicas, institucionales y fiscales que garanticen seguridad operativa, protección ambiental y beneficios regionales.
Planteó por ello la necesidad de una ley sectorial en materia de permisos, criterios técnicos, límites operativos, obligaciones ambientales y sanciones efectivas, con la intervención obligatoria de las autoridades de medio ambiente y agua.
Asimismo, definir los requisitos operativos y técnicos, con la exigencia de peritajes independientes, sistemas de integridad de pozo, planes de manejo de químicos, plantas de tratamiento y protocolos de reciclaje de fluidos antes de otorgar permisos.
Sugiere la creación de comités de vigilancia
Remarcó la importancia de establecer la protección hídrica y manejo de residuos mediante planes vinculantes de uso eficiente, reciclaje y reúso del agua, gestión certificada de lodos y disposición final controlada, junto con monitoreo permanente de cuerpos de agua y aire.
Para la gobernanza y transparencia, recomendó la creación de comités de vigilancia local, auditorías ambientales independientes, publicación en tiempo real de datos operativos y financieros, y un sistema de inspección con potestad sancionadora.
Demandó una distribución justa de beneficios con la creación de un fondo regional para canalizar parte de los ingresos a infraestructura local, capacitación y programas de empleo; cláusulas contractuales que exijan contenido local, formación técnica y transferencia tecnológica.
Ramírez Cuéllar afirmó que México no puede renunciar a su soberanía sobre los recursos ni a la protección del medio ambiente.
“La exploración puede ser una oportunidad si y solo si se acompaña con responsabilidad ambiental, transparencia y reparto real de beneficios para las comunidades”, añadió.
Insistió en que la explotación de yacimientos no convencionales debe ser objeto de una decisión pública informada y regulada, al tiempo de señalar que el reto es construir un marco que convierta la posibilidad de recursos adicionales en una palanca de desarrollo regional, empleo y bienestar, sin sacrificar la integridad de los ecosistemas ni los derechos de las comunidades.
IOGE