Julio Hernández Barros reveló que uno de los “puntos centrales” para la defensa de Rosario Robles será la declaración del ex presidente Enrique Peña Nieto, a fin de conocer si la ex titular de la Sedesol y Sedatu omitió comunicarle los presuntos desvíos de recursos en ambas dependencias durante su gestión.
En entrevista con Carlos Marín para El asalto a la razón, el abogado de la ex secretaria de Estado enfatizó que es solamente una “suposición” de la Fiscalía General de la República (FGR) lo que tiene en la cárcel a Robles.
“Ese es uno de los meollos, de los puntos centrales de la defensa para el fondo del asunto: ¿cómo puede saber la Fiscalía que no le informó a Peña Nieto, si el propio ex presidente no ha declarado, y si no hay ningún documento que avale esta situación.
“Además yo creo que ese superior jerárquico al que se refiere la ley es ella, era la titular de la Secretaría: si pasaba algo en la secretaría, quien era la autoridad máxima era ella, de manera que en todo caso los demás servidores públicos tendrían que haberle informado a ella, no ella a un tercero”, explicó en el programa transmitido anoche en MILENIO Televisión.
Hernández Barros sostuvo que la fiscalía cuenta con una “carpeta de investigación vacía” contra Robles por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
“Tampoco se sabe si le informaron a ella o no. Aquí hay una carpeta de investigación vacía con un juez a modo que hubiera decretado la prisión preventiva contra Rosario por lo que fuera, no le interesaba el caso, lo que le interesaba era que esta mujer por ser mujer, por ser contraria a los intereses de su familia, de su tía (Dolores Padierna), de su tío (René Bejarano), estuviera en prisión”, abundó.
El abogado de Robles denunció que la “inmensa mayoría” de los involucrados en el presunto desvío de recursos durante la gestión de Robles al frente de la Sedesol y Sedatu, acusación que la tiene en prisión, no están siendo investigados por este caso.
Hernández Barros consideró que la actuación del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna amerita una sanción tanto administrativa e incluso penal.
“Es decir, es una pena que tendría hasta 8 años de cárcel, aquel juez que sabiendo que no puede conocer de un asunto, tome conocimiento de ese asunto, que es el caso del juez Delgadillo Padierna, de manera que así de grave es la situación”, aseveró.
Admiten recurso de Ahumada
Un tribunal colegiado admitió a trámite el recurso de queja que interpuso el empresario Carlos Ahumada, quien reclamó la decisión de un juez federal que desechó el amparo que promovió con la intención de no ser extraditado a México.
El tribunal admitió la impugnación y en los próximos días analizará si la decisión del juzgador estuvo fundada o no.