El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano pidió al gobierno federal garantizar respuesta a las necesidades de migrantes que pasan por nuestro país, así como “ser congruentes con una política migratoria" y no criminalizar a dicha población.
Más de 150 organismos que integran esta agrupación rechazaron “las estrategias del Estado de militarizar la frontera y el caminar de las poblaciones, la persecución y detención migratoria que busca protección internacional”.
El colectivo de activistas reprochó a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador que “las redadas” de migrantes, confirman lo que ellos "han encontrado" en materia de violación a los derechos humanos.
Desmienten al Instituto Nacional de Migración (INM) el cual afirmó haber revisado la condición migratoria “de forma pacífica y cuidando la integridad de las personas” de una caravana de alrededor de 300 migrantes el 5 de junio.
“Estas no fueron entrevistadas para conocer su situación y sus documentos migratorios” rechazan que “los migrantes hayan entrado de forma abrupta, como lo dijo el Instituto Nacional de Migración, sino que buscaban formas diversas de regularización en México”, explicaron.
Los organismos civiles se refieren a la llegada a Chiapas de 400 personas migrantes el 4 de junio, quienes al día siguiente iniciaron un recorrido de Ciudad Hidalgo en dirección al municipio de Tapachula.
“Muchas de ellas, tramitaron previamente su regular estancia en el país. Las autoridades migratorias los dejaron cruzar la línea fronteriza”, acusaron.
evl