Juristas y representantes empresariales calificaron de excesivo tipificar como delincuencia organizada la emisión de facturas falsas y advirtieron que se interpondrán recursos legales y acciones de inconstitucionalidad.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, afirmó que “los factureros son una banda criminal” y que esperan un reporte de las empresas implicadas para la próxima semana.
Durante el parlamento abierto sobre el Paquete Económico 2020: Minuta defraudación fiscal, el vicepresidente de la Comisión Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Juvenal Lobato, alertó de la violación de garantías individuales en detrimento de los contribuyentes con las reformas.
“Se requiere de más tiempo para redactarla de manera adecuada, de lo contrario se estará legislando al vapor y en perjuicio de la ciudadanía”, sostuvo.
Manuel Rodríguez, enlace legislativo de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), dijo que la compra de facturas no debe ser considerada delincuencia organizada, sino defraudación fiscal y darle el trato que corresponde, sin afectar la presunción de inocencia.
Jorge Gaxiola, representante de la Asociación Mexicana de Bancos, calificó de preocupante el contenido del dictamen toda vez que pone en riesgo las inversiones nacional y extranjera y la generación de empleos. “No se puede aplicar un régimen de excepción contra los contribuyentes, es una situación en la que no tienen defensa; 43 por ciento de la actividad económicamente activa somos contribuyentes”.
La presidenta de La Comisión Jurisdiccional del órgano legislativo, Martha Patricia Ramírez Lucero, llamó a los legisladores de su bancada (Morena) a ser responsables y analizar a profundidad el dictamen, pues no hay prisa para la discusión del dictamen y habrá recursos de inconstitucionalidad.
La presidenta de la Comisión de Justicia, la panista Pilar Ortega, dijo que es un tema que genera muchas opiniones por los alcances y conductas que pretende sancionar, como la proporcionalidad de la medida y su posible confrontación con el nuevo Sistema de Justicia Penal.
El priista Enrique Ochoa llamó a analizar profundamente la minuta, no legislar al vapor, toda vez que contiene errores. “Harían mal las comisiones de Hacienda y de Justicia si no se atienden, porque pueden perjudicar a la ciudadanía, sobre todo a los contribuyentes que cumplen con el pago de impuestos de forma honesta, además de que afectará la inversión”.
Y ADEMÁS
¿QUÉ DICE LA MINUTA?
La minuta aprobada el 10 de septiembre en el Senado reforma las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional, y los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal, a fin de tipificar la defraudación fiscal como delincuencia organizada meritoria de prisión preventiva oficiosa. Estipula que si un servidor público comete este delito será destituido e inhabilitado de uno a 10 años. Se prevé que el dictamen se discuta el lunes en comisiones.