Las personas afectadas por el derrame de cobre acidulado de la mina Buenavista del Cobre de Grupo México en 2014, demandaron a la Secretaría de Salud entregarles de inmediato, los resultados de sus exámenes de sangre y orina que les fueron realizados entre noviembre y diciembre de 2021; además exigieron esclarecer la desaparición de expedientes médicos y llamaron a la Conagua a entregar los resultados de metales pesados en el agua.
“Exigimos que sean entregados los resultados en materia de salud de las muestras tomadas a fines de 2021, que se esclarezca de inmediato qué pasó con los al menos 381 expedientes de salud que fueron almacenados en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental en Sonora y las autoridades dicen no encontrar. No vamos a aceptar la pérdida de expedientes ni avalar la opacidad en el sector público”, subrayaron los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), el movimiento de afectados por el derrame.
Acusaron que en una reunión realizada el jueves 20 de enero con autoridades federales y estatales, solo les presentaron resultados parciales de las muestras recolectadas en los pozos de las comunidades afectadas que fueron tomadas en noviembre de 2021.
“Sin embargo, estos resultados solo mostraron las características físicas del agua y no el contenido de metales pesados en esta. Aunque las autoridades hicieron el compromiso de entregar esta información a mediados de febrero, es fundamental conocer cuanto antes los valores químicos de metales en el agua, su comparativa con la normativa nacional e internacional, y los peligros que ocasionan a la salud”.
Destacaron la necesidad de contar con la información, porque desde agosto de 2021, la Conagua y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) les informaron que los niveles de metales pesados superan las normas mexicanas e internacionales en pozos como el de Tahuichopa, San José de Baviácora, La Labor, entre otros.
Además, durante el 2019, la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson) dio a conocer los resultados de los análisis en pozos de la cuenca del Río Sonora, detectando que más del 90 por ciento de las fuentes de abastecimiento para consumo humano tienen alarmantes de arsénico y plomo.
En ese sentido, demandaron que se coordinen las instituciones encargadas de darle seguimiento a sus demandas: Semarnat, Cofepris, Conagua, IMTA, Salud y Cenaprece.
“En un Estado democrático, es preocupante que la información recabada sea desechada con cada cambio de titulares o representantes, y que al interior del Plan de Justicia Cananea, elaborado para el bienestar de la cuenca, las autoridades actúen de forma desarticulada”, lamentaron.
Exigieron que el Plan de Justicia para Cananea sea presentado formalmente ante los ciudadanos del Río Sonora, además de que se enfoquen en el cumplimiento de los compromisos de monitoreo y vigilancia que han hecho con los pueblos y se sancione a los responsables que buscan frenar esta búsqueda de justicia.
“Que cumplan con los compromisos pendientes en cuanto a infraestructura como las clínicas especializadas para atender enfermedades causadas por la exposición a metales pesados, la reubicación de pozos contaminados, y la instalación y manejo de las 36 plantas potabilizadoras con capacidad de separar metales pesados”, demandaron.
En el encuentro del jueves acudió una representación de los CCRS, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores; Margarita Lobato y Homey Bon Santoyo, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); Norma Ramírez, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA); y Sergio Morales, de la Coesprisso.
JLMR