El presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con exhibir en un “quién es quién” a los jueces y magistrados que no actúan con legalidad y no respetan la impartición de justicia, a fin de que los ciudadanos conozcan a los que pueden estar coludidos con delincuentes.
Advirtió que siguen ocurriendo casos en los que los juzgadores liberan a presuntos delincuentes que, tras dejar la cárcel, cometen nuevos delitos, lo que genera un círculo de violencia.
Por ello anticipó que, de no cambiar esta situación, aplicará un “quién es quién” para saber cómo se manejan en el Poder Judicial, como en el caso de las gasolineras.
Y es que desde hace tres semanas el Presidente exhibe cada lunes en su conferencia a las estaciones que venden combustibles en los precios más altos en el país.
“Vamos a ser respetuosos del Poder Judicial, pero vamos a estar pendientes: si hay jueces que están liberando a presuntos delincuentes y que antes ni se sabía, ahora ya no, ahora habrá también un quién es quién en la justicia, ¡Cero huachicol!, no se permite el huachicol en nada”.
López Obrador insistió en que su gobierno combatirá la impunidad, para lo que es indispensable acabar con la liberación de criminales y que los jueces actúen con apego a la legalidad.
“Queremos que no se permita la impunidad, que sepan los delincuentes comunes y de cuello blanco que ya no hay impunidad. Esto es un buen mensaje”.
El martes pasado el tabasqueño acordó con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, intervenir con el Poder Judicial para que se revisen los casos, cada vez más frecuentes, de jueces que caen en estas prácticas.
Puso como ejemplo el de un delincuente que fue liberado y al salir de prisión asesinó al policía que lo había detenido, lo que “es un problema de estados en el que el Ejecutivo debe intervenir, porque no se puede seguir permitiendo”, expresó.
RECLAMO NACIONAL
La advertencia de dar a conocer quiénes son los jueces que liberan a delincuentes no debe ser tomada como amenaza para el Poder Judicial de la Federación, porque hay un reclamo nacional para depurar las instituciones de impartición y procuración de justicia, opinó el constitucionalista Alberto Woolrich.
“La gente ya está hastiada de tanta corrupción. Aquí no lo veo como una amenaza, es una cuestión dirigida a evitar actos de corrupción en jueces y magistrados”, señaló.
Aclaró que no comparte los ideales del titular del Ejecutivo federal, pero insistió en que las declaraciones de López Obrador no son una amenaza y recordó el caso de Raúl Salinas de Gortari.
Se detuvo al hermano del ex presidente Carlos Salinas por lavado de dinero; se congelaron sus cuentas en Suiza y años después “la Suprema Corte de Justicia de la Nación le regresa sus bienes, aun a sabiendas de que se había identificado con pasaportes falsos”.
“¿Cómo puedes dar tú credibilidad a una Suprema Corte de Justicia de la Nación, a unos togados que deben respetar la Constitución, para que salgan con esos caprichos de orden político? Esto ya tronó y va a tronar del lado de la justicia”, refirió.
En entrevista con MILENIO, Woolrich subrayó que la justicia es el principal pilar de la soberanía del Estado, y en su ámbito los jueces están obligados a ejercer el control y la constitucionalidad de las leyes y de los actos de autoridad.
“Si los jueces se corrompen, si los jueces están corrompidos, están poniendo en riesgo esa soberanía nacional. Yo creo que el mensaje del Presidente, y no soy gente que compagine mil por ciento con sus ideales, va dirigido a la situación de corrupción que impera en el medio. No se puede ocultar esta situación… en Quintana Roo, en Tijuana, en Ciudad Juárez, en toda la República ya hay una situación de hastío”, aseveró.
Resaltó que la advertencia no es un enfrentamiento con el Poder Judicial, sino con “con las gentes que delinquen dentro”. Sobre las liberaciones de presuntos delincuentes por la mala actuación de la autoridad, dijo: “Ese debido proceso que tenemos que respetar, así como los convenios de orden internacional, tiene que estar fincado en una debida participación… para que el juez no tenga motivo o excusa para poner en libertad a un bribón”.
Y ADEMÁS
LA SEP TODAVÍA NO RECIBE MEMORANDO
La Secretaría de Educación Pública (SEP) notificó al Poder Judicial de la Federación (PJF) que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha enviado el memorando para que se deje de aplicar la reforma educativa aprobada el sexenio pasado.
Lo informó a Óscar Gabriel Calixto Espejel, secretario del juzgado segundo de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en funciones de juez de Distrito.
La notificación se hizo el 30 de abril, 14 días después del anuncio del titular del Ejecutivo, y se debió a un amparo que promovió Carlos Escobedo Suárez, pasante de la carrera de Derecho en la UNAM, quien impugnó el memorando. El juzgado negó al quejoso la suspensión, porque la SEP indicó que no se ha aplicado porque no lo ha recibido.