Naciones Unidas podrá intervenir “sin ninguna limitación” en casos de desaparición forzada en el país, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ayer mismo envió al Senado su propuesta para que México acepte la competencia de un Comité de Expertos Electos por el organismo internacional.
En conferencia en Palacio Nacional, dio a conocer que, tras una década de reservas, se buscará que México dé entrada plena a la última de las previsiones pendientes de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, mediante la cual se permitirá a la ONU abordar casos de familias de víctimas de desaparición forzada si consideran que no han sido atendidas satisfactoriamente por los órganos del Estado.
“Esto no se había aceptado por parte de México, (no) que pudiese intervenir la ONU en estos casos. Hoy mismo (lunes) va a tener ya el documento el Senado”, detalló AMLO; por la noche la propuesta fue enviada a esa cámara por la Consejería Jurídica del Ejecutivo.
El Comité contra la Desaparición Forzada está integrado por 10 expertos “de gran integridad moral, reconocida competencia en derechos humanos e independientes, que ejercerán sus funciones a título personal y actuarán con total imparcialidad”; los miembros del comité serán elegidos por los Estados parte teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa y por periodos de cuatro años.
Ahora, tocará al Senado definir si aprueba la adhesión plena de México a esta última previsión de la convención; es un pendiente de 12 años: desde 2008, año en que el Estado ratificó la convención, esas administraciones habían declinado dar entrada a la ampliación jurídica que abre la vía a que el comité de expertos estudie casos en el país.
En caso de que el Senado apruebe la adhesión, el gobierno estará sometido a un continuo escrutinio en temas de desaparición forzada por un nuevo mecanismo, adicional a los ya existentes en la ONU y la OEA.
“Todos los Estados parte deben presentar al comité informes sobre cómo se están aplicando los derechos; deben remitir sus informes dentro de los dos años posteriores a la ratificación de la convención. El comité examinará cada informe y expresará sus preocupaciones y recomendaciones al Estado parte en forma de ‘observaciones finales’”.
El artículo 31 de la convención establece que los Estados parte podrán declarar, en el momento de la ratificación o con posterioridad, que reconocen la competencia del comité para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por quienes estén bajo su jurisdicción o en nombre de ellas y que denuncien haber sido víctimas de violaciones de las cláusulas de la convención.
Entre las funciones del comité está la de recibir informes periódicos sobre las medidas tomadas para implementar sus obligaciones; recibir y examinar peticiones de casos, y recibir y examinar peticiones en caso de incumplimiento de sus obligaciones.
Además de hacer visitas a los Estados, ya sea a solicitud de éstos o con base en información fidedigna que revele graves violaciones a la convención.
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CNDH asume 10 compromisos
La CNDH informó que hace un vigilancia permanente del cumplimiento de la Recomendación 80/2013 relacionada con el caso de la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas; asimismo, pactó 10 compromisos con familiares de víctimas, representantes de Segob, SRE, FGR, CEAV y el gobierno de Tamaulipas, entre otros, para garantizar la reparación del daño.