El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado de la República una iniciativa para elevar las sanciones por corrupción dentro del Poder Judicial, que llegan hasta 20 años de inhabilitación para jueces y magistrados, así como reparación del daño por 130 millones de pesos para empresas privadas o el cierre de las mismas.
Las propuestas buscan reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial, para actualizar también la causal de responsabilidad administrativa en los casos de acoso y hostigamiento sexual, prevén la suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución, sanción económica e inhabilitación temporal para desempeñarse en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas en caso de la comisión de faltas graves.
Los jueces, magistrados y servidores públicos del Poder Judicial que hayan aceptado sobornos o cometido otras faltas administrativas graves, tendrán la obligación de restituir el doble de los beneficios que hubieran obtenido y pagar una una indemnización si se provocaron daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal, local o municipal.
Además, incluye también sanciones para las empresas que se hubieran beneficiado con actos de corrupción; el doble de los beneficios obtenidos y de no haberlos obtenido podría alcanzar una sanción económica de hasta 134 millones 430 mil pesos, equivalente de un millón 500 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA); la inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, por un periodo de hasta diez años; la suspensión de actividades, hasta por tres años, e incluso la disolución de la sociedad respectiva.
En el caso de las personas físicas, las sanciones van de 150 mil veces el valor diario de la UMA, la inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas hasta por ocho años, e indemnización por los daños o perjuicios ocasionados al patrimonio del Poder Judicial de la Federación o a la Hacienda Pública Federal.
En el caso de la comisión de faltas administrativas no graves, las sanciones consistirán en: amonestación privada o pública, suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución de su empleo, cargo o comisión e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
Iniciativa respetará división de poderes e independencia
El titular del Ejecutivo Federal señaló, en la exposición de motivos, que la iniciativa pretende mejorar el sistema de justicia con pleno respeto a la división de poderes y a la independencia judicial.
También, se sancionará con responsabilidad administrativa los nombramientos cruzados o nepotismo, estableciéndose como causal atribuible a las personas que hubieran recibido un nombramiento de base, interino o de confianza y éstos extiendan nombramientos a los cónyuges, concubinos, convivientes o parejas en relaciones análogas o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de la persona que los nombró.
La propuesta incluye también sanciones para las personas públicas e incluso para las empresas que se hubieran beneficiado con actos de corrupción, a través de integrantes del poder judicial.
La iniciativa busca también aligerar la carga de los trabajos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que pueda enfocarse en sus facultades constitucionales en los asuntos más relevantes para el orden jurídico nacional, al señalar que “es menester que ya no conozca de controversias o trámites que involucren una mera cuestión de legalidad”.
En ese sentido, los Plenos Regionales, que sustituyen a los Plenos de Circuito, tendrán a su cargo resolver las contradicciones de tesis en los circuitos sobre los que ejerzan jurisdicción y todos los conflictos competenciales que se susciten en el país entre los órganos jurisdiccionales.
LP/JLMR