El presidente Andrés Manuel López Obrador enviará esta semana al Senado de la República un paquete de reformas para actualizar el sistema de procuración y administración de justicia.
Así lo reveló el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, y precisó que la Fiscalía General de la República (FGR) afina los detalles de las iniciativas de reformas y adiciones a la Constitución, a los códigos Penal Nacional y de Procedimientos Penales, así como a la Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica y la Ley de Amparo.
En un mensaje difundido en sus redes sociales, Monreal subrayó asimismo la urgencia impostergable de revisar el proceso de actualización del sistema de procuración y administración de justicia en México.
Anticipó por ello que a la brevedad analizarán la propuesta del Ejecutivo Federal en una reunión con el fiscal general, Alejandro Gertz, y el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer.
Adicionalmente, Monreal anunció que al comienzo del próximo periodo de sesiones presentará una iniciativa de reformas a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con el fin de atender la crisis humanitaria derivada de la violación de derechos humanos en México.
Afirmó que la práctica de la tortura por parte de servidores públicos encargados de la seguridad y la procuración de justicia se mantiene de manera recurrente.
El propósito de la iniciativa es tipificar expresamente en la ley los actos de tortura cometidos con el fin de intimidar, coaccionar, obtener información o una confesión de otras personas distintas de la víctima.
Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (2016), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 75 por ciento de las personas encuestadas sufrió durante su arresto algún tipo de violencia psicológica y 64 por ciento algún tipo de violencia física.
Además, el número de investigaciones relacionadas con el delito de tortura contrasta con los mil 518 asuntos que coordinó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) durante el mismo periodo y que comprenden 2 mil 949 víctimas directas y 754 indirectas, de las cuales solo se incorporaron 691 al Registro Nacional de Víctimas.
AE