El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda realizar una investigación para saber si existen cuentas millonarias abandonadas en los bancos del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) desde los tiempos que lo dirigió Joaquín Hernández Galicia, La Quina.
"Hay muchos ciudadanos que sostienen que existen cuentas, algunas de millones de pesos de sindicatos, de empresas, de personas, cuentas que quedaron abandonadas y que están en los bancos; es el caso de las posibles cuentas que tenían bancos del sindicato petrolero desde la época anterior, desde la época de los antiguos dirigentes petroleros", dijo López Obrador en conferencia matutina.
De acuerdo con el Presidente, hay ciudadanos que han denunciado la existencia de cuentas que están en los bancos y que nadie las ha reclamado, aun cuando podrían ser propiedad de los trabajadores de Pemex.
"Joaquín Hernández Galicia, desde esa época. Ya Santiago Nieto tiene instrucciones de hacer una revisión sobre si existen o no estas cuentas, si existen, en qué condición legal están, en qué condición está ese dinero, en qué bancos", dijo.
Mencionó que desde la salida de Carlos Romero Deschamps del sindicato petrolero, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no ha formalizado la toma de nota a ningún representante del gremio; sin embargo, dejó en claro que este procedimiento no implicaría la titularidad del contrato de trabajo.
"En el caso del sindicato petrolero que hay muchas solicitudes, le he pedido a la secretaria del Trabajo que explique, le voy a pedir que venga a explicar, esto ayuda porque hay manifestaciones de participación en el sindicato de Pemex o contender de grupos en las secciones de Pemex, entonces tienen todo el derecho, pero que se sepa cuál es el marco legal", detalló.
A principios de año, la misma STPS desmintió las afirmaciones de Mario Rubicel Ross, quien dijo tener una resolución de un juez de distrito que le daría en automático la toma de nota como dirigente sindical.
Incluso, Rubicel Ross declaró que si la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, no acataba la resolución judicial, corría el riesgo de ir a la cárcel.
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