Con el voto en contra de Movimiento Ciudadano, porque argumentó que no estaba clara la propuesta, el Pleno del Congreso local aprobó que la Dirección Jurídica analice presentar una Controversia Constitucional o de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Estado por no haber presentado el Presupuesto 2023.
En sesión ordinaria de pleno, Ana González, del PRI, explicó que el punto de acuerdo es contra los actos y omisiones del gobernador Samuel García, así como de Carlos Garza, titular de la Secretaría de Finanzas y tesorero General del Estado de Nuevo León, pues no acataron los términos de la fracción XIX del artículo 125 de la Constitución de Nuevo León.
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“Se autoriza a la Dirección Jurídica de este Poder Legislativo para que presente el análisis y en su caso elabore el proyecto o los proyectos de demanda de Controversia Constitucional o de Inconstitucionalidad ya sea en el ámbito local o federal según se determine.
“Así como a la Presidencia de la Mesa Directiva, para que en representación legal de esta Soberanía, intervenga en la presentación y tramitación de la o las mismas, hasta su resolución”, dijo González.
El Ejecutivo estatal, señaló González, no cumplió con este plazo constitucional, de entregar el Presupuesto antes del 20 de noviembre.
Dijo que incluso no se encuentra en posibilidades de presentar el proyecto de presupuesto hasta que se vote la Ley de Ingresos, argumento que no encuentra justificación jurídica.
“Esto constituye un hecho inédito en el proceso presupuestario del Estado, así como una violación clara y evidente a nuestra Constitución.
“La omisión de presentar el proyecto de presupuesto no solo quebranta el orden constitucional, sino que tiene efectos negativos profundos sobre la vida de los neoleoneses, ya que al existir un impedimento para discutir el proyecto de gasto público para el 2023, se le priva a la población de destinársele recursos que cubran sus necesidades en materia de servicios públicos municipales, como alumbrado y pavimentación, salud, educación, movilidad y seguridad, entre otras”, apuntó.
En el debate, Iraís Reyes, de MC, dijo que los diputados deberían ser más responsables porque plantean una acción de inconstitucionalidad, pero no precisan ante que instancia.
“En el caso de una controversia constitucional, es una invasión de competencias, no veo yo, en este caso que se plantea, por qué aplicaría una acción, si no es una norma general o una controversia”, señaló Reyes.
Itzel Castillo, del PAN, dijo que para eso están los órganos o las direcciones del Congreso, para analizar la viabilidad jurídica.
“Debemos nosotros determinar para poder tener mejor alcance y obviamente los abogados deben ver nuestro reglamento”, indicó.
Sandra Pámanes, vicecoordinadora de MC, dijo que como diputados deben tener la disciplina de leer aquellos artículos en los que se quiere interponer una controversia.
“Que al menos hagamos eso a la Ley reglamentaria del artículo 95 de la Constitución política del Estado de Nuevo León, en el artículo 10 se refiere a las controversias constitucionales y este artículo señala que las controversias de inconstitucionalidad tienen por objeto que los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, los municipios son los órganos públicos municipales puedan impugnar actos de autoridad o normas generales provenientes de otros poderes estatales o órganos públicos”, señaló.
Al finalizar este asunto, los diputados locales rompieron el quórum y nuevamente dejaron a Tabita Ortiz, de Movimiento Ciudadano, sin exponer sus asuntos.
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