La Alianza México Sin Plástico declaró que cada año llegan 30 mil toneladas de envases de PET al océano, y denunció que el Senado pretende aprobar modificaciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que en materia de plásticos de un solo uso únicamente beneficia a la industria, en vez de representar una regulación efectiva para detener la contaminación por plásticos.
La alianza destacó que los envases son producidos principalmente por la industria refresquera y, que de asumir la responsabilidad extendida al productor, los fabricantes podrían reconvertir sus plantas de envases desechables a retornables y reducir hasta 80 por ciento la contaminación.
Tras revisar el dictamen de dicha ley, las organizaciones que integran la alianza y que han participado en los parlamentos abiertos sobre esa regulación externaron su preocupación, al considerar que su contenido es inadecuado, insuficiente y presenta vicios e imprecisiones que pueden complicar su implementación; además, temen que se apruebe en fast track.
“Si bien es urgente contar con una regulación federal en la materia, de nada sirve si está redactada en función de los intereses de la industria y no del cuidado y protección del medio ambiente, por ello confiamos en que decidieron no discutirla para mejorarla y no para hacerlo en fast track”, señaló Ornela Garelli, especialista en Consumo Responsable y Cambio Climático de Greenpeace México.
Esteban García-Peña, director de Campañas en Pesquerías de Oceana México, añadió que en el dictamen de dicha ley no se toma en cuenta que en México solo existe la capacidad instalada para reciclar 5 por ciento de todos los plásticos desechables, y se evita dotar de mayores responsabilidades a la industria para la reducción, tratamiento y confinamiento de los plásticos de un solo uso.
José Manuel Arias, de la Asociación Ecológica Santo Tomás, dijo que “el Senado quiere proteger a las empresas para que no se hagan responsables de sus residuos, como señala la responsabilidad extendida al productor”
En tanto, Ornela Garelli añadió que al no incluir la responsabilidad clara para las empresas, la carga termina en gobiernos y ciudadanía, cuando la industria debería contribuir en la creación de infraestructura, pero al no ejercer la responsabilidad extendida de productores termina siendo cubierta por los impuestos, por el erario público.
García-Peña añadió que en México existe la posibilidad de que la industria refresquera pueda ir transformando los envases desechables por el uso de retornables como en años anteriores, lo que reduciría la contaminación plástica.
ledz