La defensa de Mónica García Villegas, ex directora del Colegio Enrique Rébsamen, informó que la Fiscalía General capitalina "deja en claro la persecución mal intencionada" contra la maestra al informar que apelará la sentencia de 31 años de prisión en contra de ella dictada hoy por un Tribunal de Enjuiciamiento por la muerte de 26 personas tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.
La Fiscalía consideró que la sanción "debe ser mayor ya que se pudo demostrar que García Villegas "aun cuando tenía pleno conocimiento de que su conducta estaba prohibida, no respetó las normas de construcción, lo que puso en riesgo a toda la comunidad educativa y ocasionó que colapsara el plantel", en el sismo dejando 19 niños y siete adultos muertos.
"Es una postura respetable, sin embargo, levanta una duda respecto su intenciones reales, pues el sistema judicial se fundamenta en una reinserción social, por lo tanto, una condena de 31 años a una persona con la capacidad intelectual de la maestra, asumiendo que fuera culpable y no inocente como hemos señalado, sería una condena en la que se podría reinsertar socialmente".
"Una persona en 31 años reflexiona sus errores y su capacidad para cambiar y no volver a cometerlos, insisto si la tesis de culpabilidad fuera cierta y no fuera inocencia como señalamos. Entonces, escuchar que la Fiscalía, encargada de la procuración de justicia, ansía incrementar una pena de prisión, deja en claro la persecución mal intencionada", dijo el abogado a MILENIO.
De acuerdo con la Fiscalía, "los trabajos realizados por ministerios públicos, peritos y policías de investigación de la Subprocuraduría de Procesos, en conjunto con familiares de las víctimas, así como con la asesoría jurídica pública y privada, resultan determinantes para buscar un fallo mayor al de 27 años por homicidio culposo y cuatro más por Responsabilidad de Director Responsable de Obra".
Las pruebas presentadas por la Fiscalía establecieron, "más allá de toda duda razonable, que la sentenciada fue omisa al no atender las disposiciones establecidas en el Reglamento de Construcciones y en la Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal, por lo que deberá pagar 405 mil dos pesos como reparación del daño por cada víctima.
La institución señaló que el representante social logró que se ordenara el pago de mil días de multa, equivalentes a 67 mil 290 pesos, así como que se le negaran los sustitutivos de pena, además de que se le suspendieron sus derechos políticos.
"Es necesario destacar que también, con el desahogo de 68 elementos de prueba para la individualización de la sanción y reparación del daño, entre los que se contaron peritajes elaborados en las materias de psicología y antropología social, así como las declaraciones de las víctimas indirectas, se logró acreditar daño psicológico", indicó la institución.
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