El pleno del Congreso del Estado de México aprobó reformas al Código para la Biodiversidad de la entidad para castigar a quienes hagan quemas agrícolas sin estar certificados por la Protectora de Bosques estatal (Probosque), con una multa de 100 hasta mil Unidades de Medida de Actualización, que ascendería a 96 mil de pesos.
La propuesta fue avalada por unanimidad con el fin de reducir 40 por ciento las conflagraciones en la entidad, lo cual significa un promedio de 3 mil incendios menos cada año, indicó el presidente de la comisión de Protección Ambiental y Cambio Climático, Gerardo Lamas Pombo.
Quienes realicen quemas agrícolas cerca de alguna zona boscosa que no haya sido capacitado por Probosque, serán multado, causen o no afectaciones a los macizos forestales, porque sólo de esa manera garantizarán que esta actividad se lleve a cabo de manera responsable y con conocimiento precisos.
Durante su participación en tribuna, el legislador comentó que durante 2018 se registraron 6 mil 918 incendios, en 2019 subieron a 7 mil 400, luego bajaron a 6 mil y finalmente el año pasado quedaron en 7 mil 400. Las estadísticas oficiales indican que 40 por ciento fueron por quemas agrícolas mal manejadas.
Por ello, busca promover la cultura de prevención de incendios forestales y de capacitación permanente en la quema de residuos de cosechas, de huertos frutícolas, agostaderos o praderas en terrenos agropecuarios colindantes con forestales.
Las reformas acordadas establecen que esta capacitación y certificación deberá realizarse de manera previa a la adecuación de suelos y que se impondrán multas de hasta 100 a mil veces el valor diario de la UMA.
“De nada sirve reforestar si con estos incendios terminan perdiéndose árboles viejos y nuevos, si nadie hace lo correcto” que es atender los problemas que generan las quemas agrícolas en muchas regiones de la entidad.
Entran iniciativas “ecológicas”
Durante la sesión el diputado David Parra Sánchez propuso reformas al Código para la Biodiversidad para endurecer las penas y sanciones a quien vierta desechos sólidos urbanos en barrancas, vialidades, tiraderos clandestinos, lotes o terrenos baldíos y obligarlos a levantar la totalidad de residuos y llevarlos a sitios certificados, con cargo directo al infractor.
Señaló que de las 24 mil 65 toneladas que se generan en el Estado de México y la Ciudad de México, sólo 70 por ciento llega a un sitio adecuado; el resto se va a tiraderos clandestinos y a barrancas, causando graves daños al medio ambiente.
Como sanción planteó arresto administrativo hasta por 36 horas o multa de mil a 10 mil veces el valor diario de la UMA, de acuerdo con el grado de participación.
La bancada de Movimiento Ciudadano también planteó una reforma al mismo Código, con el objetivo de reducir el consumo de plásticos y polietileno para que los establecimientos de alimentos y bebidas desincentivan el consumo de estos productos por el daño ambiental que causan.
MMCF