La fracción del PRD en la Cámara de Diputados advirtió que los primeros informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la Cuenta Pública 2019 confirman que el combate a la corrupción enarbolado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es una farsa.
A juicio de la coordinadora perredista en el Palacio de San Lázaro, Verónica Juárez, resulta preocupante que la revisión no haya incluido los programas prioritarios del gobierno federal como Jóvenes Construyendo Futuro, Sembrando Vida o Becas Benito Juárez, ni las megaobras como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas o el aeropuerto en Santa Lucía, a pesar de que ahí se ha destinado la mayor parte del presupuesto.
“Esto no solo contradice el supuesto combate a la corrupción, sino coloca un manto de impunidad sobre estos programas y megaproyectos prioritarios del presidente de la República y que, además, se están utilizando con fines clientelares rumbo a las elecciones de 2021”, acusó.
Subrayó además que una de las dependencias con mayor número de observaciones en plena emergencia sanitaria es la Secretaría de Salud (Ssa), lo cual obedece en gran parte a la decisión presidencial de otorgar los contratos del sector sin licitaciones de por medio. Lo que ha resultado contraproducente, pues en muchos casos se han adquirido equipos inservibles y a sobreprecio, además de generar desabasto de medicamentos.
De acuerdo con la ASF, de los 25 mil 748 millones de pesos por aclarar en el primer año de este gobierno, los fondos y programas del sector salud representan 80.76 por ciento.
“El gobierno federal no solo causó un daño irreparable a la población al aplicar una política de austeridad irresponsable en el sector salud e implementar una política fallida contra la pandemia, sino que ha hecho un uso poco eficiente y opaco de los recursos públicos”, acusó.
Del monto total observado, 14 mil 047 millones de pesos, equivalentes a 54.6 por ciento, correspondieron a falta de documentación comprobatoria; 8 por ciento, a pagos improcedentes o en exceso; 6.5 por ciento, a recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados, ni reintegrados a la Tesorería de la Federación; 4.9 por ciento, a transferencias de recursos a otras cuentas bancarias, y 26 por ciento a otros conceptos.
La diputada sostuvo que “la ineficiencia, la falta de transparencia y el despilfarro del erario también es corrupción y ha costado vidas, lo acepte o no Andrés Manuel López Obrador”.
icc