La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó opacidad en el ejercicio de mil 59 millones de pesos del presupuesto de egresos de la Cámara de Diputados en 2017.
Señaló que persiste una limitada rendición de cuentas de los recursos destinados a subvenciones y otros conceptos relacionados con actividades legislativas, así como en 4 mil 828 personas contratadas para trabajos administrativos de las que no hay evidencia de qué labores realizaban.
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Durante la entrega del tercer paquete de informes individuales, así como el informe general ejecutivo del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF detalló que no se contó con la información que permitiera comprobar el gasto o su razonabilidad.
“Subsiste una limitada rendición de cuentas de los recursos ejercidos en 'Subvenciones' y otros conceptos relacionados con actividades legislativas que en 2017 ascendieron a mil 59 millones de pesos correspondientes a nueve subpartidas de gasto y, por lo que, no se contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto, o bien, comprobar que los recursos se ejercieron para llevar a cabo trabajos legislativos”, señala la auditoria.
Adicionalmente, se identificó la comprobación de 962 millones de pesos de la subpartida 3991-11 Apoyo para Transporte que no se ajustó a lo establecido en los lineamientos que regulan ese tipo de apoyos; de los contratos para prestar servicios de preparación y suministro de alimentos, no se presentaron los elementos necesarios para la selección de los proveedores.
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Además, señaló que no se proporcionó evidencia documental que soporte la entrega de las licencias, permisos, garantías de cumplimiento, y garantías para desocupar y entregar las instalaciones, ni tampoco de que los seguros de responsabilidad civil estuvieran activos durante la totalidad de vigencia de los contratos.
Respecto de uno de los espacios asignados para un proveedor de alimentos, el que realmente presta los servicios corresponde a una empresa que tiene personalidad jurídica diferente a la del proveedor contratado, además inició operaciones 25 días antes de la autorización para la adjudicación directa.
Se identificaron transferencias de recursos por un mil 569 millones de pesos por parte de dos proveedores a un servidor público; no se localizaron 71 bienes con un valor de un mil 313 millones de pesos.
Aunado a lo anterior, no se encontró evidencia documental de las actividades que desempeñaron 4 mil 829 personas contratadas durante el ejercicio 2017 bajo el régimen de honorarios vinculados tanto con actividades administrativas, como con los grupos parlamentarios y con el quehacer legislativo.
El máximo órgano fiscalizador determinó recuperaciones probables por 3 millones 309 mil pesos, además emitió 17 observaciones, de las cuales dos fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la entrega del informe.
Las 15 restantes generaron 13 recomendaciones, dos promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y tres pliegos de observaciones.
RLO