La Auditoría Superior de la Federación (ASF) difirió hasta febrero de 2022 la entrega de resultados de la fiscalización a los fondos del Sector Salud y gasto federalizado destinados “de manera relevante” a atender la emergencia sanitaria por covid-19.
“Los fondos del Sector Salud, FASSA y el U013, en sus vertientes 1 y 2, apoyan de manera relevante la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2, por lo cual se estima que su fiscalización será más conveniente en la tercera entrega”, subrayó el auditor superior David Colmenares en su primer Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020.
El titular de la ASF presentó este miércoles los resultados de 125 de las mil 523 auditorías programadas para la Cuenta Pública 2020 y anticipó que en la segunda entrega, en octubre próximo, dará a conocer las conclusiones de otras 533 revisiones, dejando para febrero de 2022 los resultados de las últimas 506, entre ellas las relacionadas con los fondos para atender la pandemia.
En reunión virtual con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, Colmenares remarcó, sin embargo, que el ejercicio de los recursos públicos para la atención de la contingencia por covid-19 forma parte de las prioridades temáticas de la ASF.
“Para nadie es desconocida la gravedad de la situación planteada por la irrupción de la pandemia de covid-19, una tragedia, un desastre humano, cuyo desarrollo tuvo como marco el año 2020, que coincide con la Cuenta Pública en proceso de revisión. Las condiciones sanitarias de riesgo tuvieron un impacto significativo en la gestión gubernamental y en la vida de las personas, lo cual implicó el enfoque de recursos públicos prioritarios para la atención de la pandemia”, dijo.
Agregó que dicho un rubro “forma parte de las prioridades temáticas del Programa Anual de Auditorías de la Auditoría Superior, que concluirá en el mes de febrero del próximo año”.
En el acto de entrega-recepción, los legisladores morenistas Daniel Gutiérrez e Iván Pérez Negrón subrayaron que los informes de la ASF serán analizados a detalle, se formularán las observaciones y se dará seguimiento puntual a los procedimientos en caso de irregularidades.
“La objetividad e imparcialidad deben ser una premisa imperativa en toda labor de fiscalización que erradique todo sesgo político”, indicó Gutiérrez.
La diputada panista Gloria Romero advirtió que su partido insistirá en el tema de las adjudicaciones directas, pues el gobierno federal adjudicó en 2019 sin licitar 80.4 por ciento de las compras y obras públicas, mientras en 2020 las adjudicaciones directas sumaron 205 mil 195 millones de pesos y representaron el 80.9 por ciento del monto contratado en todo el año.
El priista Sergio Armando Sisbeles consideró que la ASF ha tenido un desempeño ejemplar en la fiscalización de los recursos y dijo que su desempeño mejorará con auditorías digitales en tiempo real, derivadas de reformas aprobadas por la actual legislatura.
JLMR