La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó el informe final de resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020 y realizó también la tercera entrega de informes individuales, con múltiples observaciones a los megaproyectos del gobierno federal y los recursos destinados a la atención de la pandemia de covid-19.
Con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se publicó la tercera entrega de informes individuales sobre la revisión de la Cuenta Pública 2020.
Entre cuestionamientos de los legisladores de la oposición a su trabajo, el auditor superior, David Colmenares detalló que de las mil 616 auditorías practicadas al ejercicio de los recursos federales en 2020 se derivaron cinco mil 393 acciones y observaciones, con una recuperación de mil 782 millones de pesos hasta el momento.
Tan solo en materia de gasto federalizado ejercido por estados y municipios, la ASF observó irregularidades por un monto de 21 mil 190 millones de pesos, concentrado principalmente en 18 de las 32 entidades federativas.
El importe relacionado con pliegos de observaciones se concentró en un 86.6 por ciento en Chihuahua (mil 782 millones), Michoacán (mil 582 millones) Baja California Sur (941 millones) y Tamaulipas (498 millones).
Por su parte, en relación con los importes asociados con solicitudes de aclaración, los correspondientes a Michoacán (441 millones de pesos), Tamaulipas (270 millones) y Baja California Sur (208.3) representaron el 56.8 por ciento.
Durante el acto de entrega recepción y al fijar la posición del grupo parlamentario del PAN, el diputado Iván Rodríguez remarcó que, México requiere hoy una Auditoría Superior fuerte, autónoma, imparcial y comprometida con su labor, no sometida al Poder Ejecutivo.
“Esperamos que el informe que por ley nos presenta el día de hoy sea congruente con el cúmulo de excesos y arbitrariedades que se han cometido por parte de la administración federal, que quien lo haya realizado, cuente con la solvencia moral y ética para denunciar e investigar tantos excesos, que este informe no se lo hayan palomeado en Palacio Nacional y, sobre todo, que, si le levantan la voz nuevamente, no salga usted a decir en días posteriores que se equivocó otra vez”, remarcó.
En su turno, la diputada morenista Ana Elizabeth Ayala expresó el respaldo de su bancada a la ASF y llamó a los legisladores de la oposición a ser responsables en su actuar y presentar los elementos técnicos suficientes de sus acusaciones, sin que sean solo posicionamientos políticos ni cultos a su ego.
“Habrá quienes traten de tergiversar o sacar beneficios políticos a corto plazo, allá ellos que olvidan que carecen de autoridad moral porque encarnan dos sexenios de abusos y de abandono a las necesidades de la gente”, remarcó.
El presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, el priista Pablo Angulo, anticipó que el grupo de trabajo a su cargo citará a comparecer a los funcionarios públicos que presuntamente hayan incurrido en un mal uso de los recursos públicos federales, a fin de garantizar las acciones resarcitorias, denuncias penales y reparaciones que logren dejar intacto el patrimonio de la nación.
LG