La investigación de la antigua Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso Ayotzinapa dejó una estela de abusos y víctimas más allá de la llamada “verdad histórica”, que a 9 años de los hechos de Iguala, Guerrero, aún están pendientes de judicializarse o apenas iniciaron sus procesos de reparación de daño.
En la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se tienen actualmente los procesos de 92 personas torturadas, además de que se asiste a 25 sobrevivientes, principalmente normalistas que vivieron en carne propia la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Entre las víctimas que se han mantenido “invisibles” hasta ahora se encuentran los hermanos Miguel Ángel y Osvaldo Ríos Sánchez, conocidos como ‘El Pozol’ y ‘El Gordo’, presuntos integrantes de Guerreros Unidos que a la fecha permanecen presos, pero que bajo tortura en octubre de 2014 llevaron a las autoridades a cualquier fosa con tal de dejar de sufrir, en un caso del que fuentes federales aseguran a MILENIO que hay un vídeo que servirá para nuevos procesos judiciales.
Así como Jorge Luis Poblete, un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que fue torturado para que aceptara que era integrante de Guerreros Unidos, y que ahora busca una compensación del gobierno federal.
Torturados antes de la verdad histórica
De acuerdo con los registros oficiales, los hermanos Ríos Sánchez fueron detenidos la mañana del 9 de octubre en Cuernavaca, Morelos, y de ahí los llevaron a la SEIDO, en la Ciudad de México.
Sin embargo, las actuales investigaciones en curso sostienen que en el intervalo estuvieron en otras instalaciones federales, donde los torturaron para que aceptaran su participación en la desaparición de los normalistas.
De acuerdo con las declaraciones de los hermanos, José Ángel Casarrubias, ‘El Mochomo’, ordenó ejecutar a los 43 normalistas, para luego enterrarlos en una fosa en Pueblo Viejo, entre Iguala y Cocula.
Fuentes federales aseguraron que las investigaciones son sólidas y deberían derivar en nuevos procesos penales, pero la salida de seis agentes de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa podría entorpecer la judicialización.
- Actualmente, están sentenciados por portación de armas y se encuentran en el CEFERESO 4, de Tepic, Nayarit.
El caso de los hermanos Ríos Sánchez fue documentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que resolvió que “las agresiones físicas, el conjunto de las lesiones descritas, son coincidentes con el dicho del agraviado”.
3 meses detenido y solo un usted disculpe
La madrugada del 25 de octubre, un mes después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 30 policías federales irrumpieron en la casa de Jorge Luis Poblete, en Tepecoacuilco, a unos minutos de Iguala. Sin orden de cateo o de aprehensión, se lo llevaron.
“Me seguían golpeando, seguían diciéndome que si yo no les decía dónde estaban los 43 desaparecidos, que se iban a llevar a toda mi familia [...] En un momento dije, bueno, les voy a decir que sí para que ya me dejen de torturar, pero si les digo que sí lo que viene después va a ser peor”, narró a MILENIO
Jorge fue acusado de delincuencia organizada y portación de un arma que le sembraron. Estuvo en la SEIDO, luego en un centro de arraigo y unos días en el penal de Nayarit, hasta que se ordenó su libertad. La PGR no presentó una sola prueba que lo ligara con el crimen organizado, pero por el arma debe acudir a firmar periódicamente a los juzgados hasta 2025.
“Sigo pagando por un arma que no era mía, que yo no llevaba”.
A 9 años de los hechos, apenas comenzó el proceso para recibir una reparación del daño de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo que puede tardar entre año y año y medio.
EDD