El 26 de septiembre de 2014 quedó marcado en la historia de México como una de las fechas más sensibles para la ciudadanía. La desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” expuso no solo la brutalidad e impunidad con la que opera la delincuencia organizada en el país, sino también la complicidad y encubrimiento de autoridades de los tres niveles de gobierno.
Nueve años han transcurrido y la única protagonista de esta historia sigue siendo la impunidad, la cual impide el acceso a la justicia a los padres de aquellos jóvenes que salieron de su hogar sin imaginar su trágico destino.
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Aunque los hechos ocurrieron durante la administración priísta de Enrique Peña Nieto, a las esferas más altas del poder político llegó la alternancia con la autodenominada Cuarta Transformación, proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador que prometió llevar la verdad a familiares de las víctimas.
Si bien en los últimos años se anunció la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso (CVAJ) Ayotzinapa, la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UELICA) y padres de los 43 normalistas han sostenido múltiples reuniones con Alejandro Encinas -Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración- a un año de que concluya el sexenio del mandatario tabasqueño, los avances en las investigaciones se han estancado.
Incluso, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) asignado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se retiró de las investigaciones del caso bajo el argumento de que no existen condiciones para que puedan continuar sus labores.
No obstante, el pasado mes de julio presentaron su sexto y último informe que dejó más interrogantes que respuestas, lo que explica por qué ahora los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa sostienen que los resultados obtenidos en la actual administración se asemejan más a la llamada "Verdad Histórica" impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto y el ex procurador Jesús Murillo Karam.
Las claves del último informe del GIEI
En el año 2015, el GIEI llegó a México con un solo objetivo: esclarecer los hechos de la también llamada "Noche de Iguala". Durante sus primeros dos informes (I y II) la delegación asignada por la CIDH cuestionó múltiples puntos de la versión oficial sostenida por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Sus diligencias fueron suficientes para que el mandato no fuera renovado, de modo que el GIEI salió de México en 2016. De acuerdo con lo expuesto en el VI Informe, el fracaso de la construcción del caso por la Procuraduría General de la República (PGR) se vio la inconsistencia e inexistencia de pruebas, el uso de la tortura que conllevó nuevos delitos por parte de autoridades, así como varias acusaciones mal planteadas, incompletas y realizadas de forma incompetente.
Con la llegada de la autodenominada Cuarta Transformación, el grupo de expertos fue invitado nuevamente a colaborar en el caso y retomaron sus investigaciones en el año 2020.
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Aunque reconocieron que la creación de la UEILCA o la COVAJ supusieron mecanismos complementarios importantes, en su sexto informe plantean que "los problema estructurales de la administración de justicia permanecen en México todavía, y han lastrado parte de la investigación hasta la actualidad, con problemas que hasta esta fase de judicialización no se habían señalado".
Y es que, mantener la misma estructura y funcionarios de la PGR en la ahora Fiscalía General de la República (FGR) ha propiciado que tengan el control de ciertas partes del proceso, lo que impide que el trabajo "independiente" de la UEILCA evolucione.
Pero no solo eso, pues también se ha obstaculizado que se lleven a cabo detenciones, dejando huir a personas clave con apoyo institucional, no protegiendo testigos clave o detenidos de alto valor para el esclarecimiento.
"En varios momento ha sido evidente para el GIEI el funcionamiento de un sistema que no cambia porque cambie el nombre de la entidad, sino que tiene mecanismos, formas de actuación e intereses que limitan la propia investigación y el conocimiento de la verdad", se lee en las primeras páginas del sexto y último informe de la delegación de la CIDH.
A dicho factor se suma que la nueva fiscalía tuvo que desarrollarse en un contexto de precariedad limitado en cuanto a capacidades, personal, enormidad de la tarea y consciente de que debían de llegar a la verdad de manera correcta ofreciendo resultados fiables y lícitos, lo que incluye tener una investigación efectiva en términos jurídicos y quebrar los pactos de silencio en el caso.
El sexto informe del GIEI señala también que el Estado ha mantenido una conducta institucional defensiva, es decir, que no ha proporcionado información existente ni muestra apoyo a una limpieza de formas de funcionamiento institucional que perpetúan la impunidad y bloquean el acceso a la verdad.
"Se convierte en un sistema opaco y no genera la transparencia necesaria para investigar de forma efectiva graves violaciones de derechos humanos", señala el documento compuesto por más de 300 páginas.
Los pactos de silencio
Aunque factores como la colusión del Ejército Mexicano y policías con la organización delictiva Guerreros Unidos ya había sido previamente mencionada en los primeros cinco informes del GIEI, uno de los principales argumentos del último reporte apunta a que tanto la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como la Secretaría de Marina (Semar) mostraron una rotunda negativa en proporcionar información de la que se tienen solo algunas partes y que resulta determinante.
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"Muestra la defensa de una concepción institucional corporativa en lugar de una perspectiva crítica respecto a una manera de entender el papel del poder militar que ayude a la construcción de la democracia", criticaron el grupo de expertos en su sexto y último informe.
En diversas ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó tanto a las Fuerzas Armadas de México como al mismo Gobierno Federal entregar toda la información recabada acerca del Caso Ayotzinapa, no obstante, el GIEI ha tenido un acceso limitado, lo que señala que los pactos de encubrimiento y silencio que continúan vigentes.
El grupo de expertos de la CIDH ha encontrado en sus pesquisas funcionarios y un sistema que avala métodos ilícitos y la permanencia del efecto corruptor a través del cual se invalida la justicia y se mantiene la impunidad al permitir que grupos transgresores de la ley continúen aumentando su poder porque nunca serán perseguidos.
"Mientras no se haga visible ese efecto perverso, la obtención de justicia será en muchos casos solamente una ilusión, el acceso a la verdad un mito y la reparación de las víctimas una sin salida", se señala en el sexto informe del GIEI.
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Además de la secrecía con la que se han manejado las Fuerzas Armadas de México, el último reporte del grupo interdisciplinario de expertos hace especial énfasis en destacar que el caso sigue su investigación en un contexto aún de peligro en Guerrero.
De acuerdo con su análisis e información recabada, uno de los principales obstáculos a lo que se enfrentan para esclarecer el caso viene del manejo de los testigos con identidad reservada debido a las posibles consecuencias para su seguridad, ya que continúan viviendo en territorios donde las amenazas permanecen y el poder de las organizaciones delictivas o miembros de instituciones del Estado se ven afectados por su testimonio.
"Varios de ellos han sido desplazados y han tenido que buscar otras formas de protección como programas de seguridad o escoltas. Es de extrema importancia el cuidado de estos testigos y asegurar las condiciones para que tanto el debido proceso como la protección de los testigos sean cuestiones a reforzar tanto por la fiscalía como por los jueces", apuntan en su sexto informe la delegación asignada de la CIDH.
En los últimos meses, el GIEI quedó constituido por dos miembros: Ángela María Buitrago y Carlos Martín Beristain, quienes entre muchas otras cuestiones orientaron sus acciones a insistir en obtener documentos que hacen falta respecto a áreas de inteligencia de la Sedena y la Semar, así como realizar un análisis de la documentación que permita obtener nueva información para el esclarecimiento del caso y la búsqueda de los desaparecidos.
El análisis técnico de comunicaciones
En un apartado de las más de 300 páginas que comprende el sexto y último informe del GIEI se recoge el análisis técnico de comunicaciones y localización de telefonía de diversas corporaciones -de nivel estatal y federal- que dejan al descubierto una serie de inconsistencias en sus declaraciones.
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Trascendió que algunos de los teléfonos de los normalistas de Ayotzinapa aparecieron en manos de los responsables de los hechos, además de que policías cambiaron los chips de los dispositivos para poder seguir utilizándolos.
El análisis de telefonía de localización también desarticula versiones acerca de declaraciones hechas por militares de Iguala, así como las justificaciones que realizaron portavoces oficiales de la Sedena de la época.
Desde falsos testimonios, hasta acceso limitados a conversaciones y cámaras de seguridad figuran como material que ha obstaculizado las investigaciones del GIEI en el caso, aún y cuando se dio la orden presidencial de proporcionarles toda la documentación requerida.
"A pesar de revelaciones muy importantes que guardaban esos archivos, cuando se intentó contar con toda la información existente, Sedena señaló que no había mayor documentación o que desconocía su procedencia, y otras respuestas que faltan a la verdad y suponen un ocultamiento de informaciones muy relevantes", sostiene el informe.
La Semar y su injerencia en la “Verdad Histórica”
La Semar ha argumentado en múltiples ocasiones que la única participación que tuvo en el Caso Ayotzinapa fue el de proporcionar seguridad perimetral en distintas diligencias y en el envío de buzos que fueron requeridos para explorar el río San Juan en octubre de 2014.
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Por su parte, el sexto informe del GIEI expuso la participación que la Marina tuvo en fraguar la "Verdad Histórica" impulsada por la PGR durante el gobierno de Enrique Peña Nieto al mostrar su intervención en el escenario del basurero de Cocula, así como la participación de algunos elementos en detenciones y torturas.
A ello se suma la existencia de otros operativos llevados a cabo por distintas secciones de la Marina, como es el caso de la Unidad de Operaciones Especiales o la Unidad de Inteligencia Naval, las cuales incluyen acciones que no se han dado a conocer.
La Marina también realizó operativos en varias zonas de Guerrero los cuales, de acuerdo con el informe del GIEI podrían mostrar violaciones graves de derechos humanos como presuntas muertes violentas a manos de la Marina que no han sido esclarecidas.
"El hecho de que numerosos sospechosos fuesen torturados ha impedido la investigación y saber la verdad de muchos aspectos, así como conllevó la libertad de posibles responsables. La muerte y asesinato de otros ha impedido tener mayores revelaciones", puntualiza el último y sexto reporte de la delegación asignada del CIDH.
Aunque el informe abarca otros puntos como el trasiego de drogas de México a Estados Unidos, la colusión de Guerreros Unidos con autoridades estatales, municipales, elementos del Ejército Mexicano, así como la investigación sobre la construcción de la "Verdad Histórica" y el paradero de los 43 normalistas desaparecidos, es el pacto de silencio entre testigos e instituciones lo que ha obstaculizado las labores de investigación del GIEI.
Pese a ello, a nueve años de la trágica Noche de Iguala el clamor por la justicia sigue vivo tanto en los padres y familiares de las víctimas como en sus compañeros y el pueblo de México que se ha unido a la lucha con el grito que cada 24 septiembre resuena con fervor: ¡Ayotzinapa vive, la lucha sigue!