La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se ha actuado de la misma forma en el caso de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que del gobernador con licencia de Sinaloa Ruben Rocha Moya, pero consideró que existe una campaña para desacreditar a la 4T.
Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria hizo un recuento de lo sucedido hace unas semanas.
"Hay un accidente en Chihuahua y se conoce a partir de este accidente que hay dos ciudadanos de Estados Unidos que participaron en un operativo de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, a partir de ahí nosotros decimos: se está violando la ley, la Constitución y los acuerdos o el entendimiento que tenemos con el gobierno de Estados Unidos".
"Primero esta situación, después viene una solicitud de una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos a 10 ciudadanos mexicanos y los comentócratas y los medios, no todos, algunos y la derecha internacional (dicen): El gobierno de México tiene nexos con el narcotráfico… qué hacemos nosotros, como marca la ley; en el caso de Chihuahua, decimos a la Fiscalía que se revise si hay una violación a la Constitucional, a las leyes. En el caso de Sinaloa, lo mismo, le digo a la Secretaría de Relaciones Exteriores: pide opinión de la Fiscalía General de la República, para ver si hay pruebas de la “urgencia” de la detención provisional. Misma actuación del gobierno de México, pero se viene esta campaña".
En ese contexto, en su primera aparición en la conferencia matutina como Consejera Jurídica de la Presidencia, Luis María Alcalde, explicó el proceso en el que se encuentra y los alcances legales de la solicitud contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por parte de un juez de distrito en Nueva York, en Estados Unidos, el cual, no acreditó la urgencia para que sea detenido.
“La Fiscalía determinó que no se aportaron pruebas que acrediten el riesgo de sustracción u obstaculización del proceso, por lo que la solicitud no está debidamente fundamentada”, detalló la ex lideresa de Morena.
La funcionaria hizo una amplia exposición al explicar que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no presentó una solicitud formal de extradición del sinaloense sino una petición de detención provisional con fines de extradición. Al optar por esa opción, explicó, la autoridad estadunidense debe presentar pruebas de la urgencia de detención.
En sus consideraciones, la consejera jurídica precisó que la Fiscalía General de la República no ha prejuzgado respecto si se cometió o no se cometió un delito, pero reiteró que de la manera en que fue presentada no es procedente.
“No se aportó elementos que acreditan la urgencia, por lo que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada y es necesario solicitar esta evidencia… la Fiscalía General ha enviado la opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores de que es necesario solicitar al país requirente confidencialidad para poder preservar el debido proceso”, expresó al señalar que la filtración generó un “linchamiento mediático”.
LG