El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) denunció el extravío de pruebas que conforman el expediente físico y digital del caso Tren Maya, por lo que el pasado 30 de marzo presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, en contra de quienes resulten responsables por la omisión de impartir justicia pronta y expedita a habitantes de comunidades de Quintana Roo, Campeche y Yucatán, que han presentado una demanda en contra de la obra, “pues han paralizado completamente el proceso judicial en contra de este proyecto”.
“A sabiendas de que esta situación ya es del conocimiento del Presidente de la Suprema Corte, se hace un llamado al Consejo de la Judicatura a atender las preocupantes irregularidades que han ocurrido en este proceso judicial y a garantizar el derecho a la justicia pronta y expedita de las personas demandantes”, indicó el Cemda.
Cabe destacar que el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano que vigila la disciplina y conductas de las personas funcionarias del Poder Judicial y cuyo presidente es el Ministro Arturo Zaldívar.
Asimismo, el Cemda destacó que las conductas en que ha incurrido el Poder Judicial han perjudicado el acceso a la justicia, la función jurisdiccional y los principios de profesionalismo, objetividad e imparcialidad que rigen el servicio público.
El Cemda relató que desde el 21 de julio del 2020 se presentó la demanda en contra de las obras del “Tren Maya”, interpuesta por indígenas, comunidades y afectados de dichos estados, así como de organizaciones de la sociedad civil, sin que hasta el momento el Juzgado Primero de Distrito del estado de Yucatán la haya admitido.
“Los Juzgados de Distrito han violado la expedición de justicia pronta, expedita y en un plazo razonable en términos de la legislación nacional y el Derecho Internacional[, al no haber ni siquiera admitido la demanda para su análisis a casi dos años de que se presentó, lo cual excede por mucho un plazo razonable”.
La organización indicó que después de un largo desfile por el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, el Juzgado Primero de Distrito en Campeche y el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán, este último se ha declarado competente para analizar los argumentos planteados en la demanda; sin embargo, ha señalado que el expediente físico y digital están incompletos.
“En un hecho inexplicable, diversas pruebas que forman parte del expediente de la demanda han desaparecido y, si bien las y los juzgadores tienen la facultad de ordenar la reposición del expediente de un juicio cuando algunos elementos o partes hayan desaparecido, hasta el momento, el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán se ha negado a hacerlo, pese a que sus homónimos han informado que no tienen en su posesión las partes del expediente ‘extraviadas’ o ‘no localizadas’ y que ha sido solicitado por la parte quejosa”.
El Cemda indicó que esta falta de actuación del Juzgado Primero ha paralizado totalmente la impartición de justicia y ha hecho del juicio de amparo un mecanismo inefectivo para proteger los derechos humanos de las personas.
El proyecto “Tren Maya”, consiste en la construcción de infraestructura ferroviaria de aproximadamente mil 500 kilómetros en los estados de Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco y Chiapas, atravesando por selvas y cenotes, tierras ejidales y ancestrales de comunidades indígenas.
El centro indicó que debido a diversas violaciones a sus derechos humanos, así como a la legislación ambiental vigente, las comunidades de Campeche, Quintana Roo y Yucatán recurrieron a la vía institucional para solicitar la protección de la justicia.
En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el debido proceso es exigible a los juzgados que diriman los conflictos sobre los derechos de las personas mediante un procedimiento que otorgue a las partes una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus argumentos.
“En el presente caso, la paralización total del juicio de amparo no ha observado los principios de prontitud, completitud, imparcialidad y efectividad que deben regir la actividad judicial”.
ledz