Chocan diputados federales por plan de austeridad

PRI y PAN opinan que no debe afectar en la operatividad y eficacia de la administración pública.

Victoria Félix
Monterrey /

Diputados federales electos por Nuevo León chocaron en sus posturas sobre el Presupuesto de Egresos Federal (PEF) 2019, debido a las medidas de austeridad anunciadas por el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. 

 
En entrevista por separado, Hernán Salinas Wolberg, del PAN, Paola González Castañeda, de Morena, y Juan Francisco Espinoza Eguía, del PRI, coincidieron en que la reducción de salarios y burocracia es una exigencia ciudadana que debe ser atendida por el Legislativo. 

 
Sin embargo, los partidos de oposición al gobierno federal entrante, PRI y PAN, opinaron que este esquema de austeridad no debe afectar en la operatividad y eficacia de la administración pública, principalmente en el Poder Judicial.

 
"Un tema que sí nos preocupa un poco tiene que ver con el Poder Judicial Federal. Creemos que es muy importante y tendremos que analizar con mucho lujo de detalle qué reajuste o reasignación se quiera hacer en el tema de impartición de justicia, porque tenemos que velar por la fortaleza, la solidez y la autonomía de ese Poder", señaló Hernán. 

 


El priista Espinoza Eguía se mostró respetuoso de las decisiones de Andrés Manuel López Obrador referente a la reducción de sueldos, pero consideró que los ajustes deben ser justificados y no deben perjudicar en el rendimiento de las instituciones. 

 
"Si se hacen estudios y determinan que hay sueldos altos que se puedan reducir, yo no tengo ningún problema; también aclaro: que no afecten el desarrollo del Legislativo porque es muy importante también, pero si le van a bajar el sueldo a personal de base, a personal de confianza y eso va a desgastar o va a afectar el rendimiento del Legislativo, pues tenemos que analizarlo", mencionó. 


Por su parte, la legisladora electa Paola González Castañeda explicó que una de las propuestas de López Obrador que impulsará su bancada es la reducción del 50 por ciento al sueldo de los funcionarios incluyendo las cámaras legislativas, y al financiamiento a partidos para el siguiente año.

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