La asociación civil Documenta presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante el cierre del penal de máxima seguridad de Puente Grande, a fin de que solicite a las autoridades que se respeten la dignidad humana de las personas que fueron trasladadas distintos penales del país.
Además, la misma organización presentó una solicitud de medidas cautelares y la intervención del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para que se prevenga la comisión de tormentos o suplicios durante la reubicación.
“Durante los traslados es uno de los momentos donde las personas están mayor vulnerabilidad de ser víctimas de tortura y es por eso que se tienen que salvaguardar todos los derechos” dijo en entrevista para MILENIO, María Sirvent, directora General de Documenta A.C
La también defensora de derechos humanos dijo que de no realizarse con apego a derecho, los traslados y reubicación de los reos pueden afectar sus procesos penales, en el caso de personas que están siendo procesadas, y su derecho a la comunicación con sus personas defensoras y familiares.
“Es muy importante mencionar y subrayar el derecho derecho de las personas privadas de su libertad de cumplir su sentencia en el lugar más cercano a su casa, entonces sí debería de haber una estrategia de que los penales a los que los trasladen sean los más cercanos a sus casas... En caso de qué queden muy lejos imposibilitaría las visitas de sus familias”.
Agregó que hasta el día de hoy decenas de familia se han acercado a ellos todavía no saben qué destino tuvieron los presos del penal y siguen esperando una respuesta de las autoridades.
RLO