La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas deberá proporcionar copias de los informes presentados por el gobierno de Tamaulipas que detallan la manera en que se usaron los recursos públicos federales destinados para la búsqueda de personas desaparecidas en esa entidad durante 2019.
Así lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) al resolver un recurso de revisión en contra de una respuesta de la Comisión, la cual, primero, aseguró que no contaba con esa información y después, negó la documentación solicitada, con el argumento de que se encuentra en un proceso de auditoría y por lo tanto, estaba reservada por dos años.
La comisionada Blanca Lilia Ibarra, quien presentó el caso ante el pleno del INAI, propuso revocar la respuesta de la dependencia y ordenarle entregar la documentación, pues a pesar de que se encuentre en revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación, hacerla pública no altera la fiscalización a la que está siendo sometida.
“La documentación referida ya sufrió sus efectos jurídicos, por lo que discusión no podría afectar las actividades de auditoría a cargo de la autoridad fiscalizadora”, explicó.
La comisionada expuso que en 2019, el gobierno federal destinó un total de 400 millones 791 mil pesos para la coordinación de acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 248 millones 881 mil pesos fueron entregados a 21 comisiones estatales incluyendo para Tamaulipas, 11 millones de pesos.
“Por lo anterior, es necesario que se busque respetar y garantizar el principio de máxima publicidad para incentivar ejercicios de rendición de cuentas sobre los recursos entregados a la Comisión Local de Búsqueda de Tamaulipas y la forma en que ésta los ejerció”, dijo.
Ibarra aseguró que en la medida en que se difunda la información requerida, las personas interesadas podrán analizar si el ejercicio de esos recursos públicos efectivamente estuvo apegado a los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez consagrados en la Constitución.
“La transparencia de la información relativa al ejercicio de los recursos destinados, acciones de búsqueda de personas no solo en este caso, sino en general, es de especial relevancia pues tienen como finalidad coadyuvar en los reclamos de justicia y de verdad para los familiares que están sufriendo la desaparición de sus cercanos”, agregó.
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