Por negligencia de las autoridades, falta de supervisión, acciones y omisiones relacionadas con la seguridad estructural del colegio Enrique Rébsamen que colapsó por el sismos de septiembre de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó la recomendación 31VG/2019.
La recomendación está dirigida al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán; a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la alcaldesa de la Demarcación Tlalpan, Patricia Elena Aceves Pastrana.
La CNDH argumentó que dicho evento privó de la vida a 26 personas y 23 personas más lesionadas, entre ellas niñas, niños y adolescentes y personal que allí laboraba, que tiene como consecuencia la afectación a los derechos humanos a la vida, integridad, legalidad y seguridad de las personas, que afectaron a las víctimas directas e indirectas y trastocaron la confianza y expectativa legítima de salvaguarda y protección de los derechos humanos.
Por lo que determinó la existencia de violaciones a los derechos humanos al principio del interés superior de la niñez, a la legalidad, seguridad jurídica, integridad y seguridad personal, a la vida y a la verdad, en agravio de alumnado, personal docente, civiles que se encontraban en ese lugar y familiares de las víctimas, al momento del sismo del 19 de septiembre de 2017.
Además por irregularidades en las autorizaciones para funcionar como escuela, construcción de la misma e irregularidades en la supervisión y verificación en materia de construcciones y protección civil, así como por las acciones y omisiones posteriores, consistentes en la falta de coordinación entre autoridades en las labores de búsqueda y rescate y la deficiente comunicación a los familiares de las víctimas y público en general.
También identificó diversos indicios que deberán ser investigados como actos de corrupción, tales como los diversos correos electrónicos respecto de los avances y autorizaciones que la demarcación territorial concedía al colegio para la realización y continuación de las obras en un cuarto piso.
El organismo identificó anomalías en la autorización de la SEP para que impartiera los niveles de preescolar, primaria y secundaria sin cubrir con la totalidad de los requisitos como el uso de suelo; inconsistencias de los programas de Protección Civil para la escuela primaria y la escuela secundaria, ya que no contaba con Programa Interno de Protección Civil.
La CNDH acreditó la responsabilidad por violaciones a los derechos humanos por actos y omisiones por personal de la SEP, del gobierno de la Ciudad de México por conducto de la Seduvi y la Secretaría de Protección Civil y de la entonces delegación Tlalpan, a través de la Dirección de Protección Civil, Dirección de Desarrollo Urbano, Subdirección de Permisos, Manifestaciones y Licencias y la Jefatura de la Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias de Construcción, de la demarcación territorial Tlalpan, quienes incumplieron obligaciones legales.
EB