Una investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), confirmó que por lo menos 15 menores de edad de una escuela en el municipio de Chapala, Jalisco, fueron objeto de violencia sexual. Sin embargo el número de víctimas “podrían ser al menos 43 personas menores de edad más”.
Debido a ello, la CNDH entregó su recomendación 40VG/2020 al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro; al fiscal General de Justicia de la entidad, Gerardo Octavio Solís Gómez y al director general del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Gustavo Quezada Estrada.
Fue en octubre de 2017 cuando la CNDH tuvo conocimiento de presuntos actos de violencia sexual a alumnos de nivel preescolar.
Desde entonces personal de la CNDH inició la investigación y al terminarla acreditó “la responsabilidad de tres personas servidoras públicas de la Secretaría de Educación Pública de la entidad que omitieron supervisar las condiciones en las que se impartían clases extracurriculares en ese lugar, lo que derivó en actos de violencia sexual cometidos en agravio de diez niñas y cinco niños”.
Además de otros alumnos, cuyas identidades no han podido ser identificadas, la CNDH determinó la existencia de “violaciones graves a los derechos humanos a la debida procuración de justicia y a la verdad, atribuibles a personal de la Fiscalía General de Justicia que incurrió en omisiones e irregularidades durante la integración de dos carpetas de investigación iniciadas por estos hechos”.
La recomendación para su cumplimiento fue entregada al gobernador del Estado, fiscal general de Justicia y al director general del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que, entre otras recomendaciones, ofrezcan “una disculpa pública institucional ante las deficiencias que ocasionaron las violaciones graves a los derechos humanos de las víctimas”.
A Enrique Alfaro le pidieron que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, “se repare integralmente el daño a los progenitores y/o a quienes ejerzan la patria potestad de las diez niñas y los cinco niños, así como de las personas menores de edad cuyas identidades no pudieron ser establecidas, mediante el pago de una indemnización justa, entre otros”.
Al fiscal del estado se le pidió abrir una carpeta de investigación por la presunta responsabilidad de las personas que participaron directa e indirectamente en los actos descritos.
JLMR