La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reformas a diversos ordenamientos para erradicar la brecha salarial entre mujeres y hombres, proteger a las mujeres víctimas de violencia de género y crear fiscalías especializadas en esa materia en todas las entidades federativas.
Avalado por unanimidad, con 28 votos, el dictamen modifica la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, a fin de garantizar que el Estado asuma obligaciones con las mujeres, adolescentes, niñas y niños para que gocen de todos los derechos en igualdad de condiciones.
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Los cambios a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establecen la igualdad salarial, entendida como la remuneración igual por un trabajo de igual valor, sin distinguir sexo, género, identidad de género, origen étnico, orientación sexual, edad, discapacidades, condición social, económica, de salud o jurídica, entre otras.
Proscriben cualquier forma de discriminación como homofobia, misoginia, manifestaciones de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia.
Las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señalan asimismo que las entidades federativas deberán contar con fiscalías especializadas para atender los delitos relacionados con las violencias de género y Centros de Justicia para las Mujeres.
Se crea además el Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños con los datos de la autoridad que ordena la medida u orden de protección a las víctimas ante la persona agresora, fecha de inicio y término, conductas que las impulsan, nivel de riesgo y plazo para su cumplimiento.
En casos de peligro inminente o extrema urgencia, subraya que el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, podrá determinar la desocupación inmediata de la persona agresora del domicilio conyugal o de pareja, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aun en casos de arrendamiento.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece que, en los casos de violencia vicaria, la autoridad jurisdiccional deberá salvaguardar la integridad de niñas, niños, adolescentes y mujeres.
La presidenta de la comisión, Anaís Miriam Burgos, aseguró que las reformas garantizan a las niñas y adolescentes protección y un presente mejor, pues se contará con un registro nacional con los datos de las personas agresoras.
Sostuvo que la siguiente lucha es garantizar que todas las instituciones se pongan los lentes violetas, porque “también tenemos que ir a que las instituciones cumplan con esta función porque hay en estos lugares un sistema patriarcal instaurado que se resiste a morir”.
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