El Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) recomendó someter a votación la preparación de un expediente de hechos por la omisión del gobierno mexicano en la aplicación de las las leyes ambientales para la protección de la tortuga caguama (Caretta caretta), debido a que entre 2017 y 2019 han sido encontrados al menos 889 ejemplares sin vida, en el Golfo de Ulloa en Baja California Sur.
“El Secretariado nota que en el periodo de 2017 a 2019 hubo en promedio de 296 tortugas muertas por año, el triple del límite anual de 90 ejemplares fallecidos, que establece el Acuerdo de Refugio Pesquero. Además, señalan que, con el número de individuos muertos se incrementa el riesgo de extinción de la especie, lo anterior sin que las autoridades mexicanas realicen las actuaciones conducentes para detener o disminuir la pérdida de la especie”, indica la notificación del Secretariado de la CCA.
Este caso es el primero en ser admitido por dicha comisión en el contexto del nuevo T-MEC. El 8 de febrero, el Secretariado aceptó la petición SEM-20-001, que fue presentada el 17 de diciembre de 2020 por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y el Centro para la Diversidad Biológica, al afirmar que México está omitiendo la aplicación efectiva de su legislación ambiental respecto de la conservación de la tortuga caguama a lo largo de la costa del Pacífico mexicano, una especie cuya conservación es prioritaria y que se encuentra en peligro de extinción.
En su respuesta a la petición, México sostuvo que el Secretariado debió haber rechazado la petición de dichas organizaciones, argumentó que carecía de información suficiente para resultar admisible en el proceso de peticiones relativas a la aplicación de la legislación ambiental.
Sin embargo, el Secretariado consideró que la respuesta de México no aborda las cuestiones centrales planteadas en la petición, como: la presunta falta de medidas para contrarrestar el número de muertes de tortuga caguama, el que no se haya podido determinar mediante actividades de investigación la causa más probable de muerte de la especie.
Además de la efectividad de las medidas implementadas hasta el momento, las deficiencias en la obtención y uso de información técnica y científica para establecer e implementar estrategias destinadas a contrarrestar la mortalidad de la tortuga caguama en el Golfo de Ulloa, y la insuficiencia de información con respecto a las medidas de aplicación y su efectividad hasta la fecha.
De esa forma, se prevé que el Consejo de la CCA vote sobre si gira instrucciones al Secretariado para que prepare un expediente de hechos antes del 25 de octubre de 2021.
De acuerdo con la notificación, en la petición, las organizaciones aseveran que durante el periodo de 2010 a julio de 2020, las autoridades mexicanas no han presentado alguna denuncia ante el Ministerio Público Federal, y señalan que conforme a la normativa penal mexicana la captura, daño o privación de la vida de algún ejemplar de tortuga marina, es calificado como un delito de carácter federal con una pena de uno a nueve años de prisión.
Mientras que México respondió que no se han podido precisar las causas de muerte de tortugas marinas y destacó que a la Profepa no le ha sido posible verificar que la muerte de los ejemplares de tortuga caguama estuvieran relacionados con las artes de pesca, debido al estado de los cadáveres al momento de su hallazgo, “sin embargo, no ofrece mayor información sobre las acciones que ha realizado para establecer las causas de los fallecimientos, o bien la metodología de medicina forense veterinaria utilizada para el análisis de los cadáveres varados”.
El cemda y el Centro para la Diversidad Biológica recordaron una investigación realizada en 2017 en el Golfo de Ulloa, en la que se aplicó una metodología para analizar los cadáveres de tortugas encontradas, pero debido a la descomposición de los cadáveres era imposible realizar necropsias.
El estudio arrojó que el 28 por ciento de los ejemplares analizados, la causa de muerte fue atribuida a la pesca incidental, mientras que el 22 por ciento fue debido a consumo.
JLMR