Las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron en lo general un dictamen que tiene por objeto adicionar como mecanismo de enajenación de bienes públicos el sorteo.
La propuesta, enviada por la Cámara de Diputados, busca reformar la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, favorecería al Estado, al permitirle obtener de la enajenación de un bien, una ganancia incluso superior a la que se podría conseguir en las mejores condiciones de mercado.
En su momento, la colegisladora argumentó que este mecanismo también permitiría afianzar el fortalecimiento de la Lotería Nacional, al hacer más atractivos sus sorteos con la inclusión distintos bienes que le sean transferidos o depositados para efectos de enajenación.
De esta forma, destacó, podrían ser sorteados, por sus características o por las condiciones de mercado, bienes que no han podido ser enajenados.
Además, el potencial que tienen los sorteos es sumamente conveniente, pues no solo se lograría obtener un sobreprecio previamente calculable, sino que además se garantizaría que no quede desierto ningún proceso, lo que evitaría los costos de mantener en propiedad del Estado bienes ociosos.
Al respecto, la senadora de Morena, Rocío Abreu, dijo que la propuesta busca que el Estado pueda obtener recursos para sustentar las necesidades nacionales, sobre todo, en el contexto de la crisis generada por la pandemia.
En su intervención, refirió que con el Paquete Económico 2022, el cual recibió el Congreso se busca la forma de no aumentar impuestos, sino al contrario, eficientar el gasto y buscar esquemas, como el que se presenta a través de este dictamen, para obtener recursos que sean destinados para programas sociales que beneficien a los mexicanos.
Por otra parte, el senador del PAN, Damián Zepeda, adelantó que su voto sería en contra y dijo que debe establecerse un procedimiento claro para llevar a cabo este tipo de esquemas, “porque no tengo problema que se utilice el método de los sorteos, pero cómo se va a sortear, no lo dice la ley”.
El legislador de Acción Nacional indicó que parece que el gobierno utiliza este método “como un mecanismo mediático, son un pan y circo, lo han estado utilizando mal”.
El senador del PVEM, Israel Zamora, señaló que hay que dejar en claro que los bienes a los que se refiere el proyecto son aquellos que no son aptos para prestar un servicio público.
“Se consideran ociosos, son bienes que se consideran ociosos, o que son de alto costo para administrarlos o incluso para tenerlos almacenados, para tenerlos almacenados, para su resguardo, muchos de ellos son producto, son objeto o motivo de delitos y muchos de ellos fueron decomisados. El problema perjuicio es que se genera un perjuicio al erario público porque ahí los tenemos y por eso creo que es conveniente”, añadió.
Por Movimiento Ciudadano, el senador Noé Castañón mencionó que es necesario dotar de certeza, legalidad y certidumbre al esquema que representa el sorteo, porque a pesar de que la Ley de Enajenación de Bienes tiene un capítulo específico para ponerle las reglas a cada una de las figuras de licitación, subasta o remate, no se crea una para dicho esquema.
“Es necesario implementar una metodología de acción o un glosario de definiciones para establecer cómo se va a organizar y quién lo va a llevar a cabo, porque sólo existe un acuerdo entre el Instituto par Devolverle al Pueblo lo Robado y la Lotería Nacional, pero no hay una reglamentación”, señaló.
Llaman a expedir ley para atender desplazamiento forzado interno
Posteriormente, a nombre de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Alejandro Ibarra Hernández, presentó el tema de desplazamiento forzado interno, quien aseguró que es urgente expedir una ley que dote al Estado de la capacidad de atender este problema de manera coordinada.
“Se trata de un fenómeno creciente que impacta la vida, los derechos humanos y afecta principalmente a personas en situación de pobreza y vulnerabilidad”, aseguró.
En este sentido, precisó que el Consejo Nacional de Población integra un diagnóstico sobre el desplazamiento forzado interno, el cual señala que 262 mil personas migraron por inseguridad delictiva o violencia en los últimos cinco años, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Por ello, en el marco del análisis de la minuta que propone expedir la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, destacó la necesidad de plasmar en dicho proyecto el respeto a los derechos de las víctimas de este fenómeno, los deberes del Estado, las acciones de prevención, control y combate, así como las sanciones para quienes la incumplan.
JLMR