Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda del Senado —presididas por Eduardo Ramírez Aguilar y Rafael Espino de la Peña, respectivamente—, aprobaron la minuta para reducir a 18 años, cumplidos el día de la elección, la edad mínima para ser diputado, y 25 años para ser titular de alguna Secretaría de Estado.
Espino de la Peña consideró que la edad que establece la Constitución para ejercer estos cargos es por un proceso de madurez de las personas, y aclaró que no considera que se deje de lado a los jóvenes, dado que en el país la edad promedio de vida es de 77 años y a los 21 y 30 años aún se es joven.
Señaló que su voto sería en contra por no encontrarle sentido y solidez a la propuesta.
Además, explicó que en el ámbito internacional, el rango para ocupar cargos legislativos oscila entre 21 años para ser diputado y 30 años para ser Secretario de Estado.
Su compañera de escaño, Nancy Sánchez, también votó en contra de la propuesta.
Sylvana Beltrones, del PRI, dijo que esta iniciativa es importante para dar oportunidad a los jóvenes, pero consideró que al mismo tiempo debe generar una representación política más inclusiva y diversa.
En este sentido, reconoció que México tiene una gran deuda en materia de representación política con los grupos vulnerables, por ello propuso incluir en la propuesta “dar prioridad a grupos indígenas y otras minorías, así como a grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad”.
La senadora de Morena, Imelda Castro Castro, consideró que el dictamen es un avance en materia de derechos políticos, específicamente “a ser votado”, y en beneficio de un grupo poblacional que requiere representación, ya que los jóvenes adquirirían experiencia, pero también ayudarían a fortalecer la agenda legislativa.
Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano, expuso que la edad no tiene ninguna consecuencia directa con la experiencia ni con la capacidad de entender la congruencia que deben tener los textos normativos, para que una persona pueda desempeñarse como diputado; pero en las tareas del Estado se requiere de experiencia y madurez.
Otro de los dictámenes aprobados busca que, en caso de separación injustificada de agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los municipios, la autoridad responsable estará obligada a pagar la indemnización y las demás prestaciones que se tenga derecho o la reincorporación al servicio en los términos de ley.
JLMR