Las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República aprobaron el proyecto de reformas y adiciones a la Ley Reglamentaria del Sistema Ferroviario que, entre otros aspectos, prevé reducir de 50 a 30 años la vigencia de las concesiones.
Ello, con posibilidad de prórroga cuando las empresas otorguen mejores resultados en un plazo más corto y promuevan servicios de calidad.
El dictamen avalado con 16 votos a favor, diez en contra y una abstención fue turnado a la Mesa Directiva para su discusión y votación en el pleno.
Con el respaldo de Morena y sus aliados, la reforma plantea establecer las bases para una regulación tarifaria y fijar precios del servicio público de transporte ferroviario cuando no existan condiciones de competencia efectiva.
De igual forma prevén la verificación de las tarifas del servicio público de transporte de carga ferroviario se reflejen en condiciones de calidad, eficiencia, competitividad, seguridad, permanencia, uniformidad y equidad.
Ante los cuestionamientos de la oposición, por considerar que las modificaciones al marco legal generan incertidumbre y desconfianza entre los inversionistas, la mayoría parlamentaria sostuvo que el esquema actual de concesiones generó barreras de entrada y falta de competencia en el sector, pues solo unas cuantas empresas tienen un poder de mercado suficiente para hacer valer su peso frente a los competidores.
A su juicio, dicha situación originó que las concesiones para construir, operar y explotar vías férreas se otorgarán hasta por un plazo excesivamente amplio de 50 años.
En ese sentido, el proyecto modifica el artículo 11 de la Ley para establecer que las concesiones tengan una vigencia de 30 años, con posibilidad de prorrogarse en cuanto las empresas otorguen mejores resultados en un plazo más corto de tiempo y promuevan servicios de calidad.
Asimismo, los concesionarios y permisionarios estarán impedidos de negar el servicio público de transporte ferroviario de carga a cualquier usuario que se los solicite y no deberán realizar actos que resulten discriminatorios contra algún usuario o concesionario.
La reforma establece además que, cuando se preste dicho servicio sin la concesión respectiva, se multará con el equivalente al cinco y hasta el diez por ciento de los ingresos del concesionario, asignatario o permisionario.
Si la asistencia ferroviaria se realiza con equipo cuyas condiciones no cumplan con los reglamentos correspondientes, se aplicaría una multa por el equivalente del cinco al diez por ciento de los ingresos del concesionario, asignatario o permisionario.
JLMR