En Puebla, son al menos 2 mil 560 trabajadores del gobierno federal los que han perdido sus empleos con la entrada de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues a finales de diciembre fueron despedidos más de mil trabajadores del Sistema de Administración Tributaria (SAT), mientras que en enero se inició con el despido de 500 empleados del Seguro Popular y más de 400 trabajadores de la Secretaría del Bienestar, antes Sedesol.
En tanto, el pasado 7 de marzo, en conferencia de prensa, Estela Cruz González y Mario Peralta Zambrano, ex trabajadores del programa federal Prospera Centros de Salud de Servicios Ampliados (CESSA) y quienes se acreditaron como defensores de sus compañeros, dieron a conocer que 660 empleados, que brindaban su servicio en clínicas de primer nivel, fueron despedidos por la eliminación de la partida destinada a dicho componente de salud.
Indicaron que los despidos ocurrieron en Huauchinango, Chignahuapan, Zacapoaxtla, El Seco, Huejotzingo, la capital poblana, Izúcar de Matamoros, Acatlán de Osorio, Tepexi de Rodríguez y Tehuacán.
Por lo que alertaron que aproximadamente 244 mil familias a nivel estatal quedarían sin atención médica.
Detallaron que la contratación del personal se hacía a través de la Secretaría de Salud Estatal, que manejaba los recursos federales, por un monto superior a los 48 mil 243 millones de pesos solo por Prospera, mientras que del Ramo 12, variaba la cifra, aunque en el 2018 recibió más de 9 mil 394 mil millones de pesos para los servicios de atención médica.
Por otra parte, vale recordar que en diciembre pasado, trabajadores de confianza de la delegación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizaron una protesta de “brazos caídos” en las oficinas de la Recta a Cholula, tras la advertencia de que deberían presentar sus renuncias “voluntarias”.
De acuerdo con testimonios, indicaron que a través de un oficio les informaron que no les pagarían la quincena que estaba por concluir, la correspondiente al periodo 15-31 de diciembre, y que ya habían laborado.
De esta forma, Puebla se sumó a los despidos que el gobierno federal ordenó en otras 27 entidades y en Ciudad de México, para adelgazar el aparato burocrático federal, según el plan de austeridad del presidente López Obrador.
Cabe señalar que se trató de una supresión de plazas ordenada desde el gobierno federal y que dichas plazas ya no se encuentran contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.
Posteriormente, en el primer mes del año, el director general del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, anunció que se despedirían a 3 mil trabajadores de todas las áreas de todo el país, sin que precisara cifras por entidad y sin que se confirme a la fecha cuántos empleados en el estado fueron despedidos.
Entonces apuntó que esta medida se aplicaba para seguir el plan de austeridad, motivo por el cual recurrían al recorte, tanto en las áreas administrativas como médicas. “Se trata de trabajadores contratados por honorarios o eventuales”, aclaró.
Agregó que el ajuste se haría bajo las nuevas reglas porque hay condiciones laborales: no tienen planta, no están sindicalizados, operan con contratos temporales o con designaciones vencidas. Además de que no podrán hacer válidas viejas disposiciones.
Se reportan despidos en oficinas del gobierno federal en Tlaxcala
De acuerdo con información obtenida por este medio, 13 trabajadores de confianza de la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) fueron despedidos y condicionados a firmar su “renuncia voluntaria” para recibir finiquitos bajos a lo que por ley les corresponde, por sumar respectivamente 40, 38, 30 y 29 años de servicio en el organismo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En este sentido, los afectados, quienes por razones obvias omitieron sus nombres, aseguraron que se organizarán para poder apelar ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y conseguir que sean respetados sus derechos laborales para recibir la liquidación que les corresponde por ley, ante lo que –aseguran- fueron despidos injustificados, que solo obedecieron a instrucciones federales con lo que, además, están “desmantelando” a la Conagua en Tlaxcala, ya que se trata de personal operativo.
Pese al cambio de gobierno federal, no se han dado a conocer inconformidades por despido masivo en comparación con otras entidades, pues en Tlaxcala aún se mantiene el proceso de nombramiento de titulares de las áreas que serán coordinados por la Delegada de Programas Federales en Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros.
Lo más reciente fue cuando una centena de extrabajadores del componente de salud del programa federal Prospera, solicitaron la ayuda del Gobernador Marco Mena, para que puedan continuar laborando en la Secretaría de Salud (SESA) luego de que su contrato expiró el último día del pasado mes de enero.
Para ello, realizaron una manifestación pacífica frente a Palacio de Gobierno, en la que médicos generales, enfermeras, nutriólogos, psicólogos y administrativos, solicitaron la audiencia con el jefe del Ejecutivo local para poder ver opciones de ser recontratados, pues entre ellos hay quienes llevaban laborado en la SESA desde hace cinco y hasta 10 años.
De acuerdo con los especialistas, indicaron que si bien entienden que estaban por contrato y que este se acabó por cambio de Gobierno Federal, también se encuentran en incertidumbre laboral y sus pacientes igual, pues ellos eran quienes atendían médicamente a los beneficiarios de Prospera en Tlaxcala en las unidades médicas de la Secretaría.
“Alrededor de 100 personas nos quedamos sin contrato, no tenemos objeción con ello, pero pedimos una oportunidad para seguir laborando, por eso solicitamos que el Gobernador intervenga y nos considere para que nos den continuidad. Las reglas de operación ya salieron pero dentro de ellas no está considerado el componente de salud, sin embargo insistimos en que nos den una oportunidad de continuar”, manifestó Deyvi Aguilar Nava, uno de los nutriólogos afectados.
MITM