De acuerdo con el director del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (Inveamex), Luís Miguel Sánchez López, de cada 10 unidades económicas que inspeccionan, al menos la mitad les ofrecen algún tipo de dádiva para que las dejen seguir operando. En general el monto depende del tamaño del negocio, pero puede oscilar entre 5 mil y 150 mil pesos.
“La corrupción es en dos vertientes, tanto el que ofrece como el que recibe. Los que más ofrecen son los negocios que no están regularizado o no cuentan con la documentación para poder trabajar. Es una situación recurrente en los 125 municipios del estado”.
La mayoría pide que los inspectores no los revisen, regresen luego o los dejen operar sin problema, situación que se analiza con la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprisem). En caso de que se sorprenda al inspector recibiendo alguna dádiva -expresó- dan cuenta a la Contraloría, pero en caso de tratarse de dinero o cometan un delito, dan cuenta a la Fiscalía General de Justicia.
“Hay gaseras, principalmente, que ofrecen entre 100 mil y 150 mil pesos, o negocios pequeños que pueden ofrecer de 5 mil a 10 mil pesos. La denuncia ciudadana, por cualquier medio: Twitter, internet, Facebook, entre otro, es válido”.
Tras el ofrecimiento -detalló- deben hacer una visita de campo y un análisis de que el lugar cumple o no con las condiciones específicas para operar, para posteriormente, se emite una visita de verificación. “El instituto en coordinación con Protección Civil, Coprisem, vialidad o junta de caminos, o según sea la dependencia, verifica y si no se cumple, se emite una sanción”.
Lamentablemente -sostuvo- hay unidades económicas que ya tienen sanciones, pero arrancan, rompen o tapan los sellos para seguir operando, lo cual representa una violación a la medida de apremio, por lo que se reporta directamente a la Fiscalía por tratarse de un delito.
Lo más importante -dijo- es que los inspectores hagan su trabajo y no se presten a la corrupción. “Hemos buscado el acercamiento con los municipios y las autoridades salientes que tienen seis meses para agilizar la instalación de sus Comités de Dictamen de Giro”.
Por último, Sánchez López destacó que los verificadores deben presentarse con su gafete, el cual tiene un QR, y con la orden de verificación, especialmente, porque hay muchas personas que se hacen pasar por inspectores del estado o alguna dependencia y aprovechan para extorsionar. Por ello, su labor es verificar que la orden de inspección que presentan en los negocios, esté autorizada y no haya abusos.
KVS