Durante el primer trimestre del año 2022, el estado de Guanajuato registró un total de 38 casos de acoso en escuelas públicas y privadas, todos ellos de índole sexual.
Así lo refiere una solicitud de transparencia realizada a la Secretaría de Educación de Guanajuato, el mes de enero al mes de marzo del presente año, la entidad sumó un total de 38 casos de acoso en escuelas de distintos municipios, de las cuales 36 han sido públicas y solo dos han sido privadas.
Cabe mencionar que en la mayor parte de estos casos los responsables fueron docentes; en 9 educandos; en 3 lo fue el director de la institución; en 1 fue un intendente; en 1 un subdirector; y en 1 más personal administrativo.
Además, es importante agregar que, al referirnos a las víctimas, la mayor parte de ellas tienen entre 11 y 15 años, aunque también se registró 1 caso de un menor de 3 a 5 años, de 6 a 10 años (4 reportados), y de 16 a 18 años (7); y también hay en la lista 4 víctimas cuya edad se desconoce.
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En cuanto a la modalidad de estos casos, todos ellos son de tipo sexual, aunque a gran parte de los mismos se sumó el acoso psicoemocional, y en algunos de ellos también se reportó acoso cibernético y verbal.
Por otra parte, con respecto a los municipios donde tuvieron lugar los hechos, algunos de ellos son Acámbaro, Pénjamo, Guanajuato Capital, Irapuato, Salamanca y León.
De acuerdo con la Secretaría de Educación, debido a que el Centro de Atención «Aprender a Convivir comenzó actividades en el año 2014, posterior a ello no existen registros de denuncias por presuntos casos de violencia escolar, y que, hasta ese periodo, se tenía el registro de dos Procedimientos de Investigación Disciplinaria Laboral, relacionados con casos de acoso u hostigamiento sexual entre trabajadores, en los cuales los agresores también fueron docentes.
Cabe señalar que en el Protocolo de Actuación en casos de Violencia escolar se ha establecido que “la autoridad deberá llevar a cabo las medidas de protección que se estimen pertinentes para salvaguardar la integridad física y psicológica de los educandos e impedir que se genere o se continúe generando violencia escolar”, y que, posterior a la denuncia y a los procedimientos que derivan del reporte de la misma, se deben tomar varias medidas preventivas a fin de cumplir con ello, sin mencionar que el cumplir con dicho protocolo permitirá dar inicio a una investigación.
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Iovanna Rocha Cano, Activista por los derechos humanos de las mujeres, quien ha acompañado múltiples casos de acoso, comenta que pese a que este protocolo especifica cómo deben ser atendidas las víctimas, los procesos son sumamente lentos, lo cual trae consigo una gran desesperanza en ellas. Así mismo, destacó la impunidad que existe en este tipo de delitos, pues aproximadamente solo uno de cada cinco denuncias son procesadas de manera adecuada.
“La percepción que ahorita tienen las alumnas denunciantes es que el maestro regresa en cualquier momento, que fue premiado siendo removido, porque los ponen en actividades administrativas a manera de no trabajo, y eso, más que una sanción (que entiendo que pueda presumirse el principio de inocencia), pero más que decirle; estás en un proceso de investigación y tienes que asumir otro tipo de comportamientos’, pareciera que ser un mensaje para las víctimas de desaliento”, comentó.
En este sentido, ha manifestado la necesidad de que dicho protocolo sea vinculante y que los responsables que no lo lleven a cabo obtengan sanciones ejemplares, pues mientras esto no suceda se trata solo de letra muerta.
AIIL