Una niña de 11 años de edad, con problemas de epilepsia y salud mental, fue quemada con alcohol en el albergue La Casa de Vida Camino a la Fortaleza, que operaba de manera irregular y fue cateada por las autoridades este miércoles por la tarde en Tonalá.
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El establecimiento, ubicado en la calle San Javier número 15, de la colonia Santa Paula en Tonalá, funcionaba de manera clandestina, pues no contaba con licencia municipal ni registro, de acuerdo con la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (Coprisjal).
El alcalde tonalteca, Sergio Chávez, precisó que el lugar “no tenía licencia, teníamos nada más el registro de 26 de este tipo de clínicas”. Agregó que el tema fue abordado la mañana de ayer con presidentes municipales de la zona metropolitana y lamentó que no exista un padrón real, por lo que consideró necesario hacer una revisión a fondo de estos lugares.
Chávez informó que la agresión a la menor no fue reportada a las autoridades municipales, sino que su madre la trasladó directamente a un hospital y es donde el hecho es informado a la Fiscalía estatal, que intervino el inmueble junto a áreas relacionadas con la protección a la mujer y la niñez.
La Fiscalía realizó un cateo en la finca donde fue lesionada la niña, que sufrió quemaduras en 13 por ciento de su cuerpo, y ya no había ninguna persona en el interior, solamente camas, ropas y comida putrefacta.
Después de inspeccionar el inmueble, soldaron la puerta, pues había sido tumbada para entrar; y colocaron los sellos de clausura.
Tras darse a conocer el hecho, personas que han recluido a sus familiares en La Casa de Vida Camino a la Fortaleza denunciaron que los casos de maltrato eran frecuentes y por eso decidieron sacarlos.
Tomasa Noyola narró que hace unos meses ingresó a su hijo con problemas de adicción al albergue: “mi hijo duró muy poquito, duró como tres meses, pero mi otro hijo lo sacó porque una vez que venimos aquí por él, venimos a traerle lo que nos pedían, y lo vi amarrado de las manos y lo tenían sentado castigado contra la pared, entonces ya de ahí ya no nos pareció y al siguiente día me dijo que fue el que se encargó de hacer los trámites para sacarlo”.
Señaló que semanalmente pagaban 500 pesos, pero también tenían que llevar productos de higiene, entre otras cosas. Los encargados se negaban a permitir la salida del hombre debido a que la familia tenía un adeudo de seis meses, pero la mujer rechazó pagar debido a los maltratos; al amenazar con denunciar los actos de tortura permitieron que se fuera su familiar. “Mi hijo dijo que les iba a poner una queja por los golpes y solo de esa manera, al siguiente día se los entregaron”, recordó.
Personas que tienen familiares en el centro esperan que las autoridades regulen su operación.
El gobierno municipal de Tonalá anunció que llevarán a cabo operativos para detectar clínicas o centros de rehabilitación que operan en la clandestinidad e impedir su funcionamiento.
Aclaró que también se verificarán las condiciones de los establecimientos que sí cuentan con permisos para su funcionamiento.
El alcalde adelantó que, en coordinación con el resto de los municipios metropolitanos, buscarán detectar los sitios que trabajan de manera irregular y poder intervenir en aquellos que no están alineados con las normas correspondientes.
“Ya le giré al área de Inspección y Vigilancia, que nos vayamos, sobre todo en la periferia del municipio, que es donde se instalan estas clínicas que muchas de ellas ni siquiera tienen un letrero, es el caso de ésta que estamos interviniendo”, explicó Chávez.
Precisó que ninguna de las áreas de seguridad, inspección o salud del municipio recibió alguna llamada o denuncia por el caso de la menor de 11 años quemada en un albergue.
MC